El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado por segunda vez los objetivos de estabilidad para las autonomías del próximo trienio que ya aprobó a mediados de julio con la única novedad de la Comunidad Valenciana, que ha pasado de la abstención al voto favorable. La Región de Murcia, en línea con el resto de comunidades del PP, no se ha movido de su negativa a la propuesta del Gobierno Sánchez.
La senda del Gobierno contempla un déficit para las autonomías del 0,3% del producto interior bruto (PIB) para 2019 (frente al 0,1% vigente), del 0,1% del PIB para 2020 y de cero para 2021.
La Comunidad Valenciana ha votado a favor de suavizar el déficit a cambio de medidas que supondrán 850 millones de euros adicionales para la región, entre las que destaca el acuerdo por el que el Estado asumirá la deuda del Consorcio Valencia 2007, que ronda los 350 millones.
Además, según ha declarado el presidente valenciano, Ximo Puig, que hoy ha asumido personalmente las negociaciones con Hacienda, se ha acordado la refinanciación de 1.000 millones de la deuda valenciana de corto a largo plazo.
La votación de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para aliviar el déficit autonómico, que fue rechazada por el Congreso el 27 de julio, ha vuelto a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y de Canarias, mientras que han votado a favor las siete comunidades socialistas y Cantabria.
Por tanto, los objetivos de estabilidad y deuda pública aprobados, que han sido votados por primera vez de forma telemática, pasarán al Consejo de Ministros donde serán ratificados este viernes.
De nuevo Cataluña ha rehusado participar en el Consejo y ha excusado su presencia con una carta enviada por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ha argumentado que las relaciones económicas entre la Generalitat y Estado deben dirimirse de manera bilateral.
Las comunidades gobernadas por el PP, que se han opuesto a la propuesta del Gobierno, han justificado su voto en contra con los mismos argumentos que hace un mes.
Así, el Gobierno de Murcia ha reclamado la modificación del actual sistema de financiación que genera el 80% de la deuda regional y ha lamentado el "maltrato económico" que sufre la comunidad por parte del Ejecutivo central.
También La Rioja ha insistido en que la propuesta del Ejecutivo significa "más gasto, más deuda, más impuestos y empeora el crecimiento económico y la creación de empleo".
En Castilla y León, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha remitido un informe a la Secretaría del CPFF para que revise las entregas a cuenta de las comunidades y ha demandado 142 millones euros correspondientes al impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Canarias, que ha repetido el voto en contra, ha reiterado que rechaza la propuesta porque "castiga a las administraciones cumplidoras".
Mientras, comunidades gobernadas por los socialistas, como Castilla-La Mancha, han considerado que el nuevo déficit es "un paso en la dirección correcta".
El vicepresidente primero castellano-manchego, José Luis Martínez Guijarro, ha reconocido que le hubieran gustado "más avances" pero ha valorado el "cambio de rumbo" que supone que se atiendan las demandas de las comunidades, y desde Extremadura, la vicepresidenta Pilar Blanco ha valorado que la nueva senda se ajuste mejor a las necesidades financieras de las regiones.
Desde Cantabria, la única comunidad no socialista que ha votado a favor, el consejero de Economía, Juan José Sota, ha considerado que la nueva senda de "flexibilidad" da mayor margen para afrontar los servicios esenciales.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha reclamado hoy a la ministra Montero que aborde de manera inmediata una reforma del modelo de financiación autonómica.
El vicepresidente madrileño, Pedro Rollán, ha explicado que la propuesta del Ministerio de Hacienda es exactamente la misma que presentó el pasado 19 de julio y que no contó con el voto favorable del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Flexibilizar el horizonte del déficit del 0,1 al 0,3 por ciento supone "un mayor endeudamiento" y si no se flexibiliza el techo de gasto no se podrán destinar esos recursos económicos a mejorar la calidad de vida de los españoles y de los madrileños, ha indicado el también portavoz del Gobierno madrileño.
