La Comunidad convocará un total de 8.194 plazas de empleo público a lo largo de 2019, de las que 1.561 pertenecen a Administración y Servicios, 5.326 plazas corresponden al Servicio Murciano de Salud y 1.307 serán de Educación, como medida para reducir la tasa de empleo temporal por debajo del ocho% en los tres sectores.
Este es el principal acuerdo alcanzado por el Gobierno regional y algunas de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación para la Función Pública, presidida por el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, y en la que también participaron los consejeros de Educación, Adela Martínez-Cachá, y de Salud, Manuel Villegas.
El acuerdo ha sido refrendado por los sindicatos CEM, FSES e Intersindical, y rechazado por CC OO. Comisiones justifica su negativa en que la propuesta de la CARM "no ha recogido todos los derechos que se han arrebatado a los trabajadores públicos durante la crisis". Además, CC OO asegura que también ha sido determinante la negativa a reconocer y ajustar en cada uno de los sectores del área pública la jornada laboral real a 35 horas.
LOS ACUERDOS. Entre los acuerdos adoptados, destaca que los empleados públicos de la Administración regional que se encuentren en situación de baja laboral recibirán el 100% de su salario desde el primer día, gracias a un complemento que pagará la Comunidad para cubrir la diferencia entre el salario completo del trabajador y la retribución que percibe de la Seguridad Social, independientemente de la naturaleza de su incapacidad.
Otra de las medidas aprobadas es que se aplique con carácter inmediato la subida salarial para empleados públicos que establecen los próximos Presupuestos Generales del Estado, así como el abono del complemento autonómico correspondiente a la extra de diciembre de 2013.
En la nómina del pasado mes de octubre los funcionarios recibieron el 25% de este complemento y ahora percibirán el 75% restante, un esfuerzo para las arcas regionales que supera los 32 M€”.
CARRERA PROFESIONAL Y CONCILIACIÓN. En la Mesa General de Negociación se pactaron otras medidas, como la implantación de la carrera profesional en los ámbitos sectoriales de Educación y Administración y Servicios, además de darle continuidad en Sanidad. También se eliminará la limitación para prolongar la prestación de servicios más allá de la edad de jubilación y se proyecta un nuevo plan de promoción interna.
A esto se añaden otras medidas para favorecer la conciliación de la vida profesional y personal, como una bolsa de horas de libre disposición que el funcionario puede acumular para disponer de ellas cuando necesite atender a familiares mayores, con discapacidad o hijos menores, así como el impulso del teletrabajo. Además, las parejas de hecho tendrán los mismos derechos que los matrimonios en materia de función pública.
El acuerdo también contempla ultimar la redacción de la nueva Ley de la Función Pública Regional, “en la línea de trabajo que mantenemos con las organizaciones sindicales desde 2015 para mejorar las condiciones laborales de nuestros empleados públicos, a los que les agradecemos enormemente su esfuerzo personal y profesional durante los años de crisis”, concluyó De la Cierva.
