El ministerio de Fomento no descarta elevar a Consejo de Ministros un nuevo real decreto en materia de vivienda, según el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, que ha señalado como objetivo prioritario elevar el peso de la vivienda social hasta el 8% de los hogares en 2030, frente al 2,5% actual. "El presidente del Gobierno y el ministro han dicho que vamos a gobernar hasta el último minuto porque hay urgencias sociales y miles de ciudadanos que necesitan de una política social", ha dicho Saura en declaraciones a la prensa tras participar en una jornada organizada por Executive Forum.
En este sentido, ha recordado que Fomento tiene hecho "un trabajo amplio e intenso" en materia de vivienda, puesto que ya redactó un real decreto sobre el sector que no fue convalidado por el Congreso, que también rechazó el proyecto de Presupuestos, en el que se incrementaban los recursos destinados a vivienda social. "En Fomento tenemos muy claro lo que queremos hacer, no puedo decir mucho más", ha apuntado Saura.
En cuanto a la vivienda social, ha asegurado que para ser ambiciosos se necesita contar con todas las administraciones y actores implicados, entre los que destaca la iniciativa privada. En este sentido, ha dicho que el objetivo de Fomento es que el parque de vivienda social, que actualmente es inferior al 2,5% de los hogares, se sitúe en el 8% en 2030 entre obra nueva, rehabilitación, reorientación del parque existente y vivienda de titularidad privada asequible.
Según sus estimaciones, esto permitiría triplicar el parque de vivienda social o asequible, a lo que ha añadido que otro de los objetivos es bajar del 42 % actual al 29 % en 2030 el porcentaje de hogares en régimen de alquiler que destinan más del 40 % de su renta a vivienda.
En cuanto a la posibilidad de que se limiten los precios del alquiler, Saura ha señalado que, en todo caso, es una decisión que debería depender de ayuntamientos y autonomías, puesto que cada mercado inmobiliario tiene sus propias características.
Limitar los precios tiene una complejidad técnica y jurídica importante. El Gobierno, lo que tiene que hacer, es regular índices de precios y establecer cómo se define una zona tensionada pero son las comunidades autónomas y los ayuntamientos lo que tiene que plantear cómo controlar los alquileres
