Los economistas apuntan que en cuanto al futuro de la fiscalidad ambiental en España, es previsible que, tanto en el mundo como en España, se incrementen los impuestos ambientales. Además creen que la reforma de la Directiva de la energía traerá novedades desde Europa y que debería coordinarse la política de subvenciones y la impositiva para que no se subvencionen actividades gravadas.
Estas son algunas de las conclusiones que este miércoles se han expuesto en la presentación del estudio 'La Fiscalidad Ambiental en España' en el Colegio de Economistas de la Región a cargo de Jesús Sanmartín Mariñas, presidente del Registro de Asesores Fiscales -REAF.
En el trabajo analítico se definen los impuestos que conforman esta tributación y se compara la recaudación por los impuestos ambientales en el mundo y en Europa, profundizando en la situación de esta fiscalidad en España, en sus tres niveles administrativos –estatal, autonómico y local–.
En cuanto a la recaudación por impuestos ambientales se constata con sorpresa que, pese a la creciente preocupación por el medio ambiente, dicha recaudación ha disminuido desde 2000 a 2016, en el mundo en general y en Europa en particular.
Si nos fijamos en cómo se reparte la tarta medioambiental por cada nivel administrativo, el 82% corresponde al Estado, el 8% a las autonomías y el 10% a las corporaciones locales, aunque la recaudación estatal se reparte luego entre el resto de Administraciones.
Entre los impuestos propios autonómicos, es el agua la materia imponible más gravada, obteniéndose de los impuestos que sobre ella giran más de 1.300M€ –de los que 503,6 M€ corresponden al Canon del agua de Cataluña–.
El Registro de Economistas Fiscales, órgano especializado del Consejo General de Economistas, consciente de la creciente preocupación ciudadana, que se ha transformado en una generalizada exigencia de conservación y mejora del medio ambiente, considera que la fiscalidad puede ser una herramienta para atender esta demanda.
La reforma en España debería comenzar con una ley marco de fiscalidad ambiental que distribuyera los hechos imponibles relevantes entre los diferentes niveles administrativos, según su alcance espacial, dejando cierta capacidad normativa a las CCAA.
