Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España en materia laboral ante la crisis del covid-19, entre las que se encuenta la prohibición total de que un empleado sea despedido por causa objetiva, mientras esté vigente el Estado de Alarma, además de anunciar que vigilarán el "mal uso" de los ERTE, han escandalizado a los empresarios, que han calificado esta actitud con una sola palabra: "Indignante".
La CROEM, patronal de la Región de Murcia, ha emitido un durísmo comunicado en el que no racanea críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que también acusa de dar una patada al diálogo social.
"Estas medidas van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España, provocarán más desempleo y, lo que es peor, parecen tomadas a espaldas de la realidad que viven miles de empresarios y trabajadores en España por culpa de la pandemia", ha valorado la entidad presidida por José María Albarracín.
Los empresarios avisan de que la situación actual provocada por la expansión del virus "tendrá consecuencias seguramente irreparables para la actividad empresarial". Por ello, no aceptan la calificación de "medida temporal" ante una situación que se ha convertido en estructural y que tendrá vigencia en el tiempo.
En especial dos de las medidas dadas a conocer por Moncloa este viernes han causado especial enfado: la prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales. CROEM califica ambas medidas como "insultantes y ofensivas". "No tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando, en muchas casos, no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar", añade.
"El planteamiento no solo no es realista, es un ataque directo a la figura del empresario, a quien poco menos que se le acusa de querer utilizar un contexto sobrevenido, una crisis sanitaria que está matando a miles de personas en España, para despedir a trabajadores".
La Patronal también acusa al Gobierno a vivir en una realidad que no es 'real': "Es evidente que la señora ministra (en alusión a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo), y todo el Gobierno con el presidente a la cabeza, que es el avalista último de estas medidas, desconocen la realidad que está padeciendo la empresa".
REDUCIR LA CONFIANZA. Para los empresarios, las decisiones adoptadas por el Gobierno perjudicarán el equilibrio económico y la salud de las cuentas públicas y aumentarán considerablemente el déficit, además de reducir de forma drástica la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país. Más aún cuando miles de empresas y autónomos están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial.
CONTRARIOS AL PARÓN TOTAL. El sector empresarial asegura que quiere, en una situación de crisis provocada por el COVID-19, sostener la economía y el empleo. "No es adecuado plantear más parón de la actividad y no es de recibo que se vuelva a ignorar la mesa de diálogo social con la adopción de unas medidas que parecen dirigidas por las centrales sindicales, obviando a la parte empresarial", asegura el comunicado.
PETICIONES. Por otra parte, la CROEM recuerda que hasta la fecha el Gobierno no ha atendido las peticiones que en su momento le realizaron CEOE-CEPYME y CROEM, en el ámbito fundamentalmente fiscal. "Por ejemplo, ¿qué va a pasar el próximo 31 de marzo cuando los empresarios tengan que afrontar los pagos de las nóminas o de la Seguridad Social?", se preguntan los empresarios.
CROEM, como también lo hace sus confederaciones nacionales CEOE-CEPYME, rechaza que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado cuando se requiere justamente un esfuerzo conjunto y una unidad sin fisuras. "Esta confederación vuelve a pedir responsabilidad y, sobre todo, una forma de hacer política a la altura de las circunstancias porque habrá un antes y un después de esta crisis", sentencia.
