Los economistas del Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia concursal y pericial del Consejo General de Economistas de España– han valorado positivamente las aclaraciones en materia concursal incluidas en el RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo (que establece cuándo puede declararse un concurso voluntario o necesario, y define el ámbito preconcursal tras el Covid-19), así como las contenidas en la modificación del citado RD-Ley mediante el RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo (que aclara quién tiene la competencia en el ERTE concursal). No obstante, se echan de menos otras medidas necesarias en el ámbito de las insolvencias, ahora que ya ha transcurrido el suficiente tiempo para abordar un conjunto de soluciones que permitan contener, en la medida de lo posible, la ola de concursos de acreedores que se van a declarar en los próximos meses.
Desde el REFOR estiman que, en estos momentos y con los datos de que se disponen, resulta difícil cuantificar el número de concursos que podrían producirse en los próximos meses. Aun así, consideran que, en base al número de ERTE presentados hasta la fecha (alrededor de 500.000), las probabilidades de que muchos de estos acaben convirtiéndose en ERE –con la posibilidad de que muchas empresas puedan acabar en liquidación– son muy elevadas, pudiendo superar ampliamente las cifras de la anterior crisis financiera.
En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha manifestado que “si el número de concursos de acreedores se dispara muy por encima de los de la pasada crisis financiera –en 2013 llegaron a presentarse 9.310 concursos– difícilmente van a poder ser asumidos con el actual modelo de nuestro país”. Según Pich, “en Europa, existen países, como Francia, con capacidad para absorber más de 50.000 concursos al año, pero la dimensión de su sistema judicial es muy superior a la del nuestro, por lo que entendemos que, en España deberían estimularse soluciones de preconcurso de acreedores, como los acuerdos de refinanciación y reestructuración, permitiendo, de acuerdo con la Directiva de Insolvencia, extender el blindaje de dichos acuerdos de los 4 meses actuales hasta 6 u 8 meses, al objeto de que las empresas puedan oxigenarse financieramente y no entrar en insolvencia”.
Asimismo, el presidente de los economistas estima que “también sería importante que hubiera una mayor flexibilidad en cuanto al crédito público (Hacienda y Seguridad Social) en el ámbito concursal, lo que facilitaría mucho los acuerdos de refinanciación y de reestructuración, incluso en la venta de unidades productivas”. En este sentido, Valentín Pich ha afirmado que “cuantas más empresas se consigan salvar en esta fase preconcursal, más costes y males mayores evitaremos posteriormente: empresas que desaparecerán y que, por tanto, no tributarán ni cotizarán a la Seguridad Social nunca más”.
Por su parte, el presidente del REFOR, Alfred Albiol, ha destacado que también “sería necesario impulsar la mediación mercantil”. A este respecto, Albiol ha recordado que existe un Anteproyecto de Ley de Mediación que contenía una serie de procedimientos –tanto civiles como mercantiles y societarios– para cuestiones de menor trascendencia que permitirían descargar a los Juzgados y Tribunales de parte de los conflictos que les llegan (los Juzgados de lo Mercantil, además del ámbito concursal, se ocupan también de controversias societarias, patentes y marcas, aeronaves, buques…), lo que permitiría que los jueces de lo mercantil pudiesen concentrarse en las insolvencias, que será la materia más abundante en los próximos meses”. Igualmente, Albiol ha destacado la necesidad de estimular “la mediación concursal, a través de los acuerdos extrajudiciales de pagos, que todavía son muy escasos, incluyendo también al crédito público”.
Por otra parte, para el Registro de Economistas Forenses (REFOR) resulta urgente adoptar medidas establecidas en la Directiva de Insolvencia y posponer la publicación del texto refundido Ley Concursal, ya que podría añadir mayor confusión en un momento como el actual, porque este texto, aunque está mejor ordenado, contiene nuevos artículos y puede generar problemas con los escritos y los formularios que hay que presentar.
Por último, el presidente del Consejo General de Economista de España, Valentín Pich, ha señalado otro campo de actuación fundamental: la segunda oportunidad. Según Pich, “nos encontramos en una situación excepcional, en la que esta institución introducida en 2015 y poco utilizada hasta la fecha (sólo 2.000 concursos de personas físicas el pasado 2019) puede desempeñar un papel fundamental”. Para ello, según el REFOR, resulta necesario realizar cambios para favorecer su aplicación: establecer un procedimiento más rápido, más económico, menos formal y más sencillo –especialmente para personas físicas vulnerables–, segregando según niveles adquisitivos. También convendría establecer un procedimiento similar para pequeños autónomos y personas físicas empresarios de reducida dimensión. También cabría plantearse establecer entre los distintos operadores, en colaboración con el Ministerio de Justicia y apoyado por el Ministerio de Economía, una suerte de turno de oficio de segunda oportunidad para colectivos, tanto personas físicas como autónomos y emprendedores vulnerables y de reducida dimensión.
