La Asamblea Regional de Murcia ha dado luz verde este miércoles a la nueva ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que, entre otras novedades, amplía de 500 a 1.500 metros la franja de restricción de uso de fertilizantes en torno a la laguna y obliga a la restitución de regadíos ilegales.
La nueva norma reduce además de 5 a 3 años el plazo para aprobar el plan de ordenación territorial.
La ley ha salido adelante con el voto favorable de PP, Ciudadanos y PSOE (Podemos y Vox han votado en contra), que durante el trabajo parlamentario en comisión ya habían consensuado en torno al 90% de las más de cien enmiendas que se han incorporado al texto original, el decreto de Protección Integral del Mar Menor aprobado en diciembre de 2019.
Una de las reformas más significativas que se ha incluido en la ley es la del artículo 29 para la ampliación de la franja de especial protección de la albufera, que pasa de 500 a 1.500 metros.
En concreto, se mantiene la prohibición de usar fertilizantes en los primeros 500 metros que ya contemplaba el decreto, mientras que en el siguiente kilómetro se prohíbe el uso de todo tipo de fertilizantes, estiércoles no compostados o abono en verde y la implantación de nuevos invernaderos o la ampliación de los ya existentes.
En esa área, especifica la norma, solo se permitirán la agricultura ecológica y la sostenible de precisión en riegos consolidados y que no excedan los 170 kilos de nitratos por hectárea al año, y cada parcela cultivada deberá reservar un 20% de su superficie a crear setos, filtros verdes, humedales o espacios forestales que minimicen las escorrentías en caso de lluvias.
Además, se ha incluido un apartado que permite ampliar esas restricciones a través del plan de ordenación territorial de la cuenca (POT) y de programas de actuación específicos para la zona vulnerable del Campo de Cartagena.
La redacción de ese POT deberá estar lista en 3 años, frente al plazo de 5 que establecía el anterior decreto, y su ámbito territorial pasa de abarcar solo la denominada zona 1 a toda la cuenca vertiente a la laguna.
Se establece también la obligación de restituir "a un estado natural compatible con el uso forestal" los regadíos ilegales eliminando las infraestructuras de riego, suprimiendo los cultivos e implantando en los terrenos masas forestales que ayuden a retener nitratos y evitar escorrentías, o bien la restitución de cultivos de secano.
Asimismo, se incluye un régimen sancionador para las desalobradoras irregulares, la prohibición definitiva de invernaderos en la franja de 1.500 metros y una moratoria para toda la cuenca vinculada al POT, mientras que en relación a los puertos se establece que todos ellos deberán ser evaluados en el plazo de un año.
Tras la votación, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha tomado la palabra para valorar el consenso logrado en esta ley que «es una gran solución para un gran problema» pero que, ha advertido, necesita también de la implicación del Estado.
