jueves. 28.03.2024

 

El Gobierno controla desde hoy todos los pagos de la Generalitat, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya firmado una orden para la no disponibilidad presupuestaria de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017, el mismo día en el que el Govern ha vuelto a rendir cuentas.

 

Al vencer el plazo de 48 horas dado por el Gobierno a la Generalitat para que aprobara ese acuerdo de no disponibilidad, y dado que el Govern catalán no ha atendido ese requerimiento, Montoro ha firmado hoy la orden para hacerlo, de la que ha informado al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a la interventora general de la comunidad, Rosa Vidal.

 

 

Precisamente Vidal ha vuelto a remitir esta semana las certificaciones semanales a Hacienda exigidas en julio para garantizar que no se desvía dinero público a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

 

Y lo ha hecho después de que Junqueras informara la semana pasada de que la Generalitat dejaría de enviar las certificaciones, negativa que condujo a que el viernes la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobase intervenir las cuentas del Govern.

 

Montoro ha anunciado este cambio de criterio de la Generalitat en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, donde ha señalado también que esto no varía la intervención de las cuentas, que se mantendrá de manera "indefinida" mientras persista el riesgo de que se desvíen fondos públicos al referéndum.

 

En esta dinámica, ha advertido de que quien esté destinando dinero público al 1-O comete una "manifiesta ilegalidad", de la que tendrá que responder incluso con su patrimonio.

 

Además, ha negado el carácter político de la intervención, que ha calificado de "neutra", y ha sostenido que "la autonomía sigue funcionando a plena capacidad".

 

Sobre el abono de las nóminas a los funcionarios catalanes, ha garantizado que no están en peligro y ha explicado que el Gobierno está buscando la forma que les permita conocer el importe de las mismas para poder pagarlas incluso pese a la "falta de colaboración" de la Generalitat.

 

Otra de las actuaciones afectan a las entidades bancarias y a los proveedores, a quienes Montoro ha avisado de que podrían incurrir incluso en responsabilidades penales si no se atienen a la ley.

 

Montoro ha reprochado la "falta de lealtad institucional" de la Generalitat, que pone en riesgo la recuperación económica de Cataluña y de toda España y ha evitado hablar de las detenciones de altos cargos de la Generalitat y de las protestas en la calle.

Montoro controla ya todos los pagos del Govern