Hace poco más de un mes que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó una proposición de ley -a iniciativa de los nacionalistas catalanes del PDeCAT-, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para acelerar el proceso de desalojo en casos de ocupación ilegal de una vivienda, o lo que es lo mismo: el desahucio exprés.
Pero la medida, largamente demandada para incentivar a aquellos propietarios que se negaban a sacar sus inmuebles al mercado del alquiler por miedo a los ‘okupas’ o a eternización del proceso para desalojar a un inquilino que ha dejado de pagar, no ha satisfecho las expectativas y ha dejado descontentos a muchos, pues en su fase de enmiendas dejó fuera a las entidades privadas y las gestoras de fondos, que no podrán acogerse a esta herramienta.
“Es una discriminación que no tiene sentido”, asegura Eduardo Pérez Crespo, letrado y socio del bufete Ibidem Law&Strategy, quien añade que “el respeto a la propiedad privada debe ser absoluto, sin discriminaciones. La base debe ser igualar en derechos a todo el mundo. Esta regulación perjudica claramente a las empresas”.
En este sentido, Pérez Crespo analiza que “se pretende que las personas puedan poner esas viviendas en el mercado con seguridad. La regulación busca impedir que los fondos de inversión se hagan con un gran stock de viviendas y puedan llegar a regular el mercado”.
Pero, en su empeño de evitar que muchas viviendas pasen a pocas manos, el regulador ha provocado “un atropello, que rompe la igualdad y la libertad”.
LOS PARTICULARES, TAMBIÉN PERJUDICADOS. Esta “sobreactuación” del Estado como legislador no solo perjudica a empresas y fondos de inversión, sino también que puede acabar siendo negativa para los que aparentemente pretende proteger: los pequeños propietarios.
“Hay fincas o edificios en los que hay propietarios particulares, pero también empresas. Imagine que en alguna de esas viviendas propiedad de un fondo de inversión hay ‘okupas’ que no se pueden desalojar al no poder acogerse al ‘desahucio exprés’. ¿Puede creerse que será fácil para esos pequeños propietarios alquilar sus casas? ¿Quién va a querer alquilar una vivienda con okupas en el piso de enfrente?”, reflexionaba Eduardo Pérez.
El letrado asegura que, con esta normativa, se produce una discriminación en los derechos entre personas físicas y personas jurídicas, “y cualquier discriminación más tarde o más temprano supondrá un perjuicio”.
LOS EFECTOS SOBRE EL MERCADO Y SOBRE LA ECONOMÍA. Esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil persigue dotar de más seguridad jurídica a los particulares para que estos ‘pierdan el miedo’ y den el paso de ofrecer sus viviendas vacías al mercado para el alquiler.
Pero no hay que olvidar que gran parte del parque de viviendas del país, tras la crisis, pasó a manos de los bancos y que estos han dado salida a esas viviendas a través de los fondos de inversión. “Se les demoniza, pero han inyectado una gran cantidad de liquidez tanto a los bancos como a la propia economía del país en los últimos años”, asegura Pérez Crespo, refiriéndose a los denominados ‘fondos buitre’.
Privándoles de esta seguridad jurídica el abogado prevé que estos fondos se lo van a pensar dos veces antes de seguir invirtiendo en España, lo que puede suponer una ralentización del dinamismo que el sector inmobiliario ha demostrado en los últimos tiempos.
No obstante, la medida también permitirá que salgan más viviendas al mercado del alquiler, por lo que es de prever que, al haber más oferta, bajen los precios de los alquileres.
Incentivar el mercado del alquiler frente a la propiedad es una obsesión para los sucesivos gobiernos de España, habida cuenta de que en este país el alquiler supone el 11% del total de las operaciones inmobiliarias, frente al 40% que supone en el conjunto de la Unión Europea. Este tipo de medidas busca dotar de seguridad jurídica para incentivar a los propietarios, con el objetivo de aumentar la oferta y bajar los precios. Pero parece que, en esta ocasión, la idea se ha quedado corta.
