El sector hotelero regional reitera su oposición a la nueva normativa de registro de viajeros
HoyTú insiste en que este decreto supondrá un golpe para el sector, ya que conlleva una desproporcionada carga burocrática y su incumplimiento podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para los hoteleros.
La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) sigue avisando del golpe que supondrá al sector hotelero la inminente entrada en vigor del nuevo Real Decreto 933/2021 sobre el registro de viajeros, destacando el impacto directo que tendrá sobre los turistas. “Obligará a los establecimientos a recopilar hasta 31 datos tanto de los viajeros como de la empresa y la propia transacción. Es algo que no solo dificultará la labor de los profesionales, sino que complicará la experiencia de los turistas y que podría vulnerar derechos fundamentales de privacidad”, explica Jesús Jiménez, presidente de HoyTú.
La patronal murciana, que se alinea en este sentido con las quejas de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), critica que el Gobierno de España no ha detallado cómo se implementará esta medida, a pesar de que solo quedan semanas para que comience su aplicación.
“Los viajeros que vienen a España buscan disfrutar de su tiempo de ocio, no verse inmersos en procesos administrativos intrusivos e interminables que ponen en riesgo su privacidad. Esta normativa no solo es innecesaria, sino que genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra oferta turística”, señala Jorge Marichal, presidente de CEHAT.
Desproporcionada carga burocrática
Esta situación, denunciada desde hace meses por las patronales nacional y regional, supondrá una desproporcionada carga burocrática para hoteleros y turistas. “Se obligará a los viajeros a entregar datos altamente sensibles, como detalles personales, profesionales y de sus desplazamientos. Este nivel de exigencia, que triplica los datos solicitados actualmente, podría provocar incomodidad, desconfianza y una percepción negativa de España como destino turístico”, apuntan los profesionales, que recuerdan que esta situación también afectará a los viajeros nacionales.
Además, el incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros para los hoteleros, algo que añadiría presión a su trabajo diario y podría repercutir en el servicio ofrecido a los turistas, afectando negativamente su experiencia.
Este Real Decreto atenta contra los derechos fundamentales de privacidad y es contrario a varias directivas comunitarias, por lo que CEHAT manifiesta la imposibilidad de cumplirlo por el riesgo al que exponen a los establecimientos de ser foco de denuncias de los viajeros.
Golpe a la competitividad
CEHAT denuncia que, en un entorno global donde la competencia por atraer turistas es feroz, la imposición de esta normativa colocaría a España en desventaja frente a otros destinos que priorizan la privacidad y la simplicidad administrativa. Para la patronal, este reglamento no solo complica los procedimientos para los visitantes, sino que también envía un mensaje equivocado sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
La Confederación ha advertido en repetidas ocasiones que esta medida, en lugar de aportar seguridad, introduce barreras que desincentivan la llegada de turistas nacionales e internacionales.
Por su parte, las patronales europeas han enviado múltiples cartas a las autoridades españolas advirtiendo de la ilegalidad de la normativa y la vulneración de la privacidad de sus ciudadanos.
Defensa de los viajeros y del turismo en España
CEHAT insiste en la necesidad de una revisión profunda del contenido del Real Decreto y pide al Gobierno -hasta ahora enmudecido ante esta situación- que escuche a las voces del sector y a los turistas que confían en España. La patronal recuerda que el turismo es responsable de más del 12% del PIB español y que su sostenibilidad depende en gran medida de garantizar una experiencia positiva, respetuosa y sencilla para los viajeros.
“El turismo es piedra angular de la economía española y no podemos permitir que nuestro país pierda ni competitividad ni la confianza de los turistas. Es urgente que se reconsidere esta normativa, que se respete la privacidad de los viajeros y que se evite cualquier daño a nuestra reputación como destino turístico líder a nivel mundial”, concluye Marichal.