VIVIENDA

El Colegio de Abogados de Murcia y Fomento impartirán formación específica para luchar contra las mafias de la okupación

Su regulación en el marco jurídico actual y las distintas problemáticas y soluciones han sido temas de la reunión

Analizar la situación actual de la okupación de viviendas, su regulación en el marco jurídico actual y las distintas problemáticas y soluciones han sido algunos de los objetivos de la reunión mantenida entre el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, con el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga.

 

La Comunidad y el Colegio de Abogados impartirán formación específica para luchar contra las mafias de la okupación en la que participarán distintos estamentos jurídicos. Así lo acordaron ambas instituciones durante la reunión.

 

El consejero indicó que “la expansión del movimiento okupa preocupa al Ejecutivo regional, y por eso la Región de Murcia va a ser la primera Comunidad en legislar contra la okupación”.

 

Díez de Revenga manifestó la “importancia de anticiparse y estar preparados ante la llegada de estas organizaciones delictivas perfectamente organizadas, que cuentan con formación específica y conocen las grietas del actual ordenamiento jurídico estatal”. “Por ello es fundamental reforzar la formación para combatir delitos relacionados con los atentados a la propiedad privada como son las usurpaciones y los allanamientos de viviendas”, añadió.

 

 

Hay que recordar que el Gobierno regional tiene previsto adoptar nuevas medidas esta misma semana. Entre sus medidas, ha avanzado que habrá sanciones de 90.000 euros a las personas que ocupen viviendas sociales, de hasta 15.000 euros para las personas que instiguen y propicien la ocupación de las mismas, y restricciones para que quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos no puedan acceder a viviendas sociales en un plazo de 10 años.

 

Además, se establecerán mecanismos de coordinación y servicios de mediación hipotecaria para evitar desahucios, y medidas para que las empresas de suministros solo puedan dar de alta a los legítimos propietarios de las viviendas y que estén obligadas a avisar en caso de sospechas de ocupación.

 

Al encuentro, que ha tenido lugar en la sede del órgano colegial, han asistido, además, por parte del Colegio de Abogados, Maravillas Hernández, vicedecana, y Teresa García Calvo, integrante de la Junta de Gobierno, además del director general de Vivienda de la CARM, José Francisco Lajara.