El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, ha pedido al Gobierno medidas extraordinarias para compensar el aumento de los costes y la "subida desmesurada" de los costes energéticos, y la vuelta de los bonos comercio que la mayoría de las comunidades implantó en 2021. Esos bonos comercio pretendían incentivar el consumo y tuvieron muy buena aceptación por parte de comerciantes y compradores, según recuerda Torres, confirmado recientemente como nuevo presidente de la CEC.

Cada vez más comercios trasladan que no pueden soportar los costes "ni un mes más", una situación que si se prolonga en el tiempo será "devastadora" para el sector, que necesita que las medidas que se adopten "no lleguen tarde" como ocurrió en el inicio de la pandemia, asegura.

Ya la pandemia ocasionó cierres de comercios debido a las restricciones de movilidad, que se calculan en un 20% de los comercios situados en entornos o ciudades donde el turismo y los clientes de la zona de influencia son los mayoritarios, y en el escenario actual existe el temor de que vuelvan a producirse, advierte Torres.

Ahora bien, en el empleo las consecuencias no están tan claras al tratarse de un sector con plantillas pequeñas e integradas por familiares, con el empleo más estable (más del 75% son contratos indefinidos) y con mayor proporción de mujeres y jóvenes, pero sí será más difícil que en la nueva coyuntura haya nuevas contrataciones.

Actualmente la CEC está integrada por 32 organizaciones, entre federaciones provinciales, confederaciones autonómicas y sectoriales nacionales, que representan a 450.000 comercios que dan empleo a 3,2 millones de personas, el 17% del total de afiliados.

Torres advierte de que si el Gobierno no toma medidas de compensación habrá una mayor traslación a los precios de venta del aumento de costes y un incremento de la inflación, y los comerciantes ya están tomando decisiones al respecto para mantener su negocio a flote, reduciendo sus márgenes o repercutiendo los incrementos en una parte proporcional en el precio final.

A este contexto de menor capacidad de gasto de los hogares por el incremento de los precios de la luz y del gas (este último multiplicado por cinco) y de encarecimiento de los precios de los productos y servicios se añade el factor emocional, que también juega en contra "en circunstancias adversas", comenta.

Para ayudar a los comercios, la CEC ha comenzado a ofrecer servicios de auditoría de compañías que evalúan los costes energéticos con el fin de reducir la factura y estudia ampliar a la telefonía esta iniciativa, que actúa como si fuera una central de compras y para la que prevén una gran demanda por parte de las empresas.

Sobre la reforma laboral, opina que el comercio tendrá que recurrir a figuras como las ETT en mayor medida para las contrataciones temporales, aunque señala que no es de los sectores más afectados y se va a adaptar mejor a los cambios introducidos.

EL COMERCIO RECHAZA LAS APIE

El pequeño comercio rechaza las Áreas de Promoción de Iniciativas Económicas (APIE) porque considera que supone un riesgo de destrucción del tejido asociativo "que tantos años" les ha costado construir y que ha logrado "representatividad y fuerza", y se trata de un formato más válido para la cultura anglosajona pero no en España, que ya tiene "un asociacionismo potente".

"No es el momento ni el lugar ni probablemente lo sea nunca", afirma de forma contundente para rechazar las tasas que supone la implantación de una APIE e insistir en que son "un ataque directo a la estructura asociativa".

Agrega que en España el sector está muy atomizado y todo lo que puede hacer un APIE "ya está inventado".

De la misma manera se ha pronunciado sobre la Ley de residuos para opinar que el objetivo de sostenibilidad "no puede dificultar" el cumplimiento de unas normas porque "nos cargamos los negocios" y por eso, indica, "hay mucho que hablar en las mesas con el Gobierno".