Facua alerta de que el 41% de las inmobiliarias siguen cobrando gastos de gestión o comisión
Un estudio de la organización de consumidores FACUA sobre 114 agencias inmobiliarias revela que el 41 por ciento de las entidades analizadas continúa incumpliendo la nueva ley de vivienda haciendo que el inquilino pague los honorarios de alquiler, según ha denunciado su portavoz, Rubén Sánchez.
El estudio se ha realizado en once capitales de provincia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Toledo, Bilbao, Zaragoza, Santiago de Compostela, Salamanca y Valladolid, según la asociación, que ha destacado que está ultimando una ampliación de denuncias contra quienes infringen la nueva ley.
De las agencias analizadas, 47 siguen informando a las personas que buscan piso de que en caso de que firmen un contrato de arrendamiento se les cobrará una cantidad en concepto de honorarios, gastos de gestión o comisión.
Madrid (75%) y Palma de Mallorca (83%), son las provincias donde se encuentra el mayor nivel de incumplimiento, en las que 3 de cada 4 agencias se saltan la normativa y siguen cargando estos gastos a los usuarios que buscan vivienda de alquiler, según Facua.
Sevilla es la tercera provincia, con un 53% de agencias que vulneran la legislación. En provincias como Santiago de Compostela, Toledo, Valladolid y Zaragoza, Facua no ha encontrado indicios de que alguna de ellas intente cargar estos honorarios a los inquilinos.
Facua se encuentra ultimando su ampliación de denuncias contra las nuevas inmobiliarias detectadas que infringen la normativa.
Por ello, aconseja a los usuarios que se vean obligados a pagar este concepto para no perder la oportunidad de alquilar el piso que pidan factura independiente por el concepto abonado o que hagan el abono por transferencia indicando el concepto y que posteriormente, una vez firmado y habitado el piso, se dirijan a la inmobiliaria para solicitar el reembolso de dicha cantidad.
Si la agencia se niega, Facua recuerda a los afectados que pueden acudir a la asociación para que realice acciones en defensa de sus derechos y reclame la devolución en su nombre o que interpongan una denuncia ante las autoridades de consumo autonómicas solicitando una multa contra la empresa.
Si se niegan, aconseja que recurran a la vía judicial, ya que si no supera los 2.000 euros pueden hacerlo sin necesidad de procurador y abogado.