Aprobada la línea de 2.500 M€ en avales para la compra de la primera vivienda a menores de 35 años
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se fijan las condiciones para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana firme con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) la línea de 2.500 millones en avales para la compra de la primera vivienda a menores de 35 años y familias con menores a cargo.
Con esta medida el Gobierno espera que muchos ciudadanos que están 'atrapados' en el mercado del alquiler, que cuentan con empleos estables y salarios dignos pero no con ahorros suficientes, puedan acceder a una primera vivienda, saliendo así del mercado del alquiler, liberándolo plazas del mismo y contribuyendo a frenar la escalada de las rentas, ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha apuntado que en muchas ciudades el pago de la renta de alquiler supera la cuota de una hipoteca, hay ciudades donde supone el 100% del salario y muchos ciudadanos tienen que destinar más del 40% de su renta al mismo, por lo que sin estos avales no podrían salir del mercado del alquiler.
El objetivo, ha agregado, es que no se tenga que destinar más del 30% del salario al pago del alquiler o la hipoteca.
Mediante esta fórmula, que avalará hasta el 20% del importe del crédito, se aspira a beneficiar a más de 50.000 personas.
Además, ha agregado que la medida, que el Ejecutivo anunció y aprobó en mayo, antes de las elecciones generales, va encaminada a solucionar el problema de la emancipación y adquisición de una vivienda por parte de estos colectivos.
"El Estado será su avalista y dará garantía a las entidades bancarias para la concesión de la hipoteca", ha recalcado la ministra.
Como parte de esta línea de avales, los adquirientes de la vivienda deben ser personas físicas cuyos ingresos individuales no superen los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). La vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada, que no podrá tener otra en propiedad.
Con respecto al precio de las viviendas avaladas, ha explicado que este límite se recogerá en el convenio que firme el Ministerio con el ICO y dependerá de la ubicación territorial. Además, podrá ser modificado después por la comisión de seguimiento que se creará al respecto en función de la evolución del mismo.
El índice para regular el alquiler estará listo en febrero
La ministra ha reiterado que los índices de referencia para controlar el precio de los alquileres en zonas tensionadas van a estar listos en febrero y ha asegurado que para su elaboración se han inspirado en la medida que aplicó Cataluña al respecto en cuanto a la fórmula matemática para su cálculo.
Ha añadido que este índice servirá al conjunto de España y espera que el resto de comunidades autónomas, además de Cataluña que ya se ha comprometido a adoptarlo, que tienen zonas tensionadas apliquen la Ley de Vivienda para controlar el precio del alquiler.
También ha asegurado que se va a intervenir el mercado del alquiler turístico, donde el precio está disparado.
Los promotores aplauden la medida
El presidente de la patronal de promotores inmobiliarios APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, que advertía de que en cinco años el precio de la vivienda podría encarecerse de una forma "desmedida" por la falta de oferta; ha calificado de buena noticia la nueva línea de avales del ICO y ha indicado que sería una torpeza si este organismo y los bancos no llegan a un acuerdo para dar solución a una gran parte de los jóvenes que no tiene capacidad de ahorro pero sí solvencia.
A este respecto, se ha mostrado más partidario de los avales que de las subvenciones, ya que son más efectivos y dan mayor seguridad.
Aprobará en semanas 2.000 millones en avales a promotores
Además, en las próximas semanas está previsto traer al Consejo de Ministros los 2.000 millones de avales en crédito ICO, para que promotores públicos y privados puedan construir más de 40.000 viviendas a precio asequible. Una medida ya anunciada por el Ejecutivo.
También la adenda de 4.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).