España sigue a la cola entre los países de la OCDE en libertad económica por sus "elevados niveles de deuda y déficit público" que limitan la capacidad de crecimiento, según el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, adaptado y presentado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Según esta clasificación, España ha retrocedido en un año de la posición 29 entre los 38 países de la OCDE en libertad económica a la 31, aunque ha mejorado en la calificación de libertad empresarial al pasar del puesto 32 en 2022 al 29 en 2023.
En cuanto a la clasificación mundial, España también mejora algunos puestos al pasar del 41 al 35.
"España se sitúa entre los países con libertad económica moderada, alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas", han destacado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, que han puesto el acento en esa baja situación en el marco de la OCDE y la evolución en la última década.
En 2012, han incidido, España estaba en la posición 22 de estos mismos 38 países.
"Entre las variables que más lastran nuestra libertad económica en la actualidad destacan la excesiva dimensión de nuestro sector público, las elevadas cargas tributarias y el fuerte desequilibrio fiscal", han resumido desde el IEE, institución vinculada a la CEOE.
"La acumulación de déficit consecutivos y su reflejo en el creciente endeudamiento público son consecuencias de una política presupuestaria que interfiere, en gran medida, en el principio de libertad económica al perturbar la estabilidad macroeconómica y limitar la capacidad de crecimiento futuro, entre otros efectos", destaca el IEE.
"Es una cuestión critica (...) la ausencia de libertad de empresa frena el desarrollo económico", ha añadido Izquierdo, que ha señalado también a la "mala calidad regulatoria".
En la presentación, el IEE ha puesto como "claro ejemplo de normativa que limita la libertad de empresa" el proyecto de Ley que pretendía crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero y que la disolución del Parlamento ha hecho decaer.
"La iniciativa infringe el derecho constitucional de libertad de empresa (...) es un ataque al principio de libertad de empresa", han criticado.
