El Gobierno reducirá la financiación a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda

El Gobierno reducirá la financiación que reciben las comunidades autónomas si éstas no aplican la legislación vigente en materia de política de vivienda, según ha anunciado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que se ha referido expresamente al caso de Madrid.

"Quien no aplique la Ley de Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central", ha advertido este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista en TVE en la que ha recordado que entre el 70 y el 75% de las políticas de vivienda de las CCAA se financian con fondos del Estado.

Rodríguez asegura que ella quiere "seguir apoyándolas económicamente", pero también que "pongan más presupuesto para esta finalidad", ha dicho la ministra, para añadir: "Yo condicionaré la financiación a que efectivamente" las CCAA "estén cumpliendo la ley".

Ha apuntado que no puede "tratar por igual" a "aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a su conciudadanos" que a "aquel que por atacar al Gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley".

Los madrileños sufren la insumisión de Ayuso "La propia ley me faculta de manera extraordinaria a trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos", ha advertido la ministra, de forma que recibirán "menos fondos" las CCAA que no aplican la ley, como es el caso de Madrid, según el ejemplo concreto que ha puesto.

De hecho, Rodríguez se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha dicho durante la entrevista que "hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley" y que viven una situación que es "insostenible socialmente".

"Hay una herramienta que es la Ley de Vivienda que nos permite dar respuesta a esa situación y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos (...) para dar respuesta a esa situación", ha argumentado.

Según sus datos, la Comunidad de Madrid ha recibido del Gobierno 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda. "Quiero que (esos fondos) se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten con cumplimiento a la ley", ha advertido.

Al respecto, ha adelantado que el Gobierno trabaja en un plan estatal de vivienda que será muy diferente a los aprobados hasta ahora, porque la situación "no es la misma que se venía gestionando años atrás".

Esos planes han sido siempre un "apoyo" del Gobierno a las CCAA que ejercían esa competencia sin el amparo de una ley de vivienda, pero ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que "el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda".

Por ello, "ahí donde se está produciendo una tensión (de precios de la vivienda) que está definida en la ley y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias". 

La Región pide al Ministerio que "deje los chantajes"

El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, ha pedido este jueves a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "deje de chantajear" a las regiones con sus advertencias sobre una eventual reducción de fondos para quienes no aplican la ley de vivienda, y ha subrayado: "basta ya de chantajes; todo es un chantaje".

Ortuño se ha referido en estos términos, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a las declaraciones realizadas en TVE por la titular de Vivienda.

Por otra parte, preguntado por las negociaciones que se llevan a cabo para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025, el portavoz del Ejecutivo murciano ha confiado en la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea Regional, y en que VOX no sume su voto a PSOE y Podemos para "bloquear" ese trámite.

En ese sentido, ha negado que exista paralelismo entre los gobiernos central y autonómico, ambos sin mayoría, para aprobar sus respectivas cuentas públicas del año próximo y ha opinado que hay una "diferencia sustancial" entre ambos porque el Ejecutivo murciano sí tiene aprobados esta legislatura unos presupuestos, y no así el Estado.