La CARM convoca casi 600 plazas de empleo público en administración y servicios
La Mesa General de Función Pública da luz verde también a la oferta de 590 plazas para el Servicio Murciano de Salud y una cifra récord de 2.225 plazas en Educación.
El Gobierno regional mantiene su compromiso con el refuerzo del servicio público con la negociación de la oferta de un total de 598 plazas para el área de administración y servicios.
Este es uno de los aspectos negociados este martes en la Mesa General de Función Pública, órgano en el que están presentes las consejerías de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital; de Salud y de Educación y Formación Profesional junto con las principales organizaciones sindicales.
Durante la reunión se negoció la oferta de empleo público para el año 2024, que en administración y servicios incluye concretamente 248 plazas de nueva creación y otras 350 de promoción profesional.
El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, destacó que con estas nuevas plazas “el Gobierno regional mantiene su compromiso con el refuerzo de la administración al tiempo que sigue avanzando en la consolidación, promoción y rejuvenecimiento de una plantilla que tiene una media de 56 años y que se enfrenta en el futuro inmediato al reto de sustituir a un gran número de empleados públicos que se jubilarán en los próximos años”.
“Llevamos años trabajando para conjugar el necesario rejuvenecimiento de las plantillas y su estabilización, y en los últimos años nos hemos acogido a todas las convocatorias de estabilización posibles para avanzar en esa consolidación. Solo en los últimos cinco años hemos incorporado a más de 3.200 empleados públicos a la administración, lo que nos va a llevar, junto con 600 plazas que están pendientes de convocar, a rebajar la tasa de interinidad por debajo del seis por ciento”, subrayó el titular de Hacienda.
Compromiso con la sanidad y oferta “histórica” para educación
Durante la reunión se negoció también la oferta de empleo público en el área de Salud, que asciende en esta ocasión a 590 plazas. De esas casi 600 plazas, distribuidas en diferentes categorías, 384 se convocan por el turno de acceso libre mientras que el resto, 206, por promoción interna.
El consejero de Salud, Juan José Pedreño, subrayó que la oferta de empleo pública negociada en esta Mesa General “demuestra el compromiso del Gobierno regional con los profesionales sanitarios y no sanitarios y contribuye a seguir cumpliendo el objetivo de prestar a los ciudadanos de la Región una asistencia de calidad en la sanidad pública”.
En el caso de Educación, se trata de una oferta de empleo histórica con un total de 2.225 plazas, de las que 676 proceden de la tasa de reposición de efectivos, que se calcula con el cómputo de los ceses por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, etc., y 1.549 plazas proceden de la tasa específica para que la temporalidad en el empleo público no supere el 8%.
Además, se ofertarán cinco plazas del cuerpo de Inspectores de Educación, que darán estabilidad a una plantilla cuya labor es imprescindible en el sistema educativo. Esta oferta podría verse incrementada al incluir plazas de ofertas de empleo anteriores que no se han convocado y las que proceden de la tasa extra de reposición, llegando a alcanzar 1.500 plazas para Maestros en 2026 y 1.500 plazas para Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos en 2027.
El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, señaló que “se trata de una oferta que culmina un proceso de mejora de las condiciones laborales del profesorado y de estabilidad de este colectivo, da respuesta a la demanda de profesionales fruto del acuerdo de la reducción de la jornada laboral a 35 horas y cubre la tasa de reposición de docentes que se jubilan o renuncian a su plaza”.
La Mesa General de Función Pública debatió otras cuestiones como los protocolos de prevención de riesgos laborales; la revisión y actualización de dietas para los empleados públicos o el mantenimiento de los incrementos máximos que permite la normativa estatal en lo que se refiere a las retribuciones del personal.