La tasa de actividad entre personas con discapacidad en la Región es del 41,9%, la segunda más alta de país
La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de actividad entre personas con discapacidad, un 41,9%, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2021. Esta tasa se sitúa en el 34,6% en el conjunto de España, por lo que la Región está siete puntos por encima de ese promedio.
Además, la Región es una de las tres únicas comunidades autónomas cuya tasa de actividad en este colectivo es superior al 40%, junto a la Comunidad de Madrid, que con un 42,1% cuenta con la mayor tasa de ocupación del país, y Baleares, cuya tasa es del 41,3%.
El consejero, Víctor Marín, visitó el Centro Especial de Empleo de la Asociación para la Integración del Discapacitado de la Comarca del Mar Menor (Aidemar), uno de los 62 centros especiales de empleo que operan en la actualidad en la Región y que dan trabajo a 2.563 personas con alguna discapacidad intelectual, física o sensorial.
En concreto, este centro, que desarrolla su actividad en la comarca del Mar Menor, ocupa a 169 personas con discapacidad en actividades como el mantenimiento de jardines, la limpieza, el mantenimiento del entorno urbano, la carpintería o la cerámica, entre otras.
La Asociación Aidemar suma este año cerca de 1,3 millones en subvenciones del SEF, partida que le sirve para sufragar, entre otros, los costes salariales de los trabajadores con discapacidad de su Centro Especial de Empleo, una unidad de empleo con apoyo y un gabinete de orientación e inserción laboral.
Las empresas de trabajo protegido proporcionan a los trabajadores con discapacidad la posibilidad de realizar un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características y que facilite la futura integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.
La consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), destina este año 11.796.974 euros para subvencionar entre el 40 y el 60% de los costes salariales de los trabajadores de estos centros, en función del tipo de contratación, discapacidad, género o edad de la persona trabajadora con discapacidad contratada.