El ayuntamiento de Granada tendrá que indemnizar a cuatro vigilantes de seguridad por cubrir sus plazas por policías. Así lo ha estimado la magistrada-juez del Juzgado de lo Social No6 de Granada, Nieves Blanca, que en su sentencia culpa al consistorio de la rescisión de los contratos de estos trabajadores. El bufete de abogados murciano Lexmia Abogados, representaba a la nueva empresa contratista del servicio, Viriato Seguridad, a quien se le achacaba tal rescisión contractual.
La juez señala al ayuntamiento como responsable del despido de esos cuatro vigilantes de seguridad, por lo que tendrá que indemnizarlos con 73.060 €, al considerar que sus puestos de trabajo no se suprimieron, ni amortizaron, ni desaparecieron, sino que fueron asumidos por la corporación municipal.
De este modo, la juez ha estimado las demandas presentadas por los trabajadores al considerar que se ha producido “un despido improcedente”, absolviendo a las empresas concesionarias de ese servicio de toda responsabilidad.
Y es que, los principales edificios de la administración en la ciudad de Granada habían sido tradicionalmente vigilados por empleados de la seguridad privada; hasta que, con la nueva contrata administrativa, en octubre del año 2017, el Ayuntamiento de Granada, con la intención de reducir costes, comenzó a cubrir esas horas del servicio de vigilancia con los agentes municipales, ocupando estos los mismos puestos de trabajo que venían cubriendo, anteriormente, los vigilantes de seguridad privada.
Esa maniobra de sustituir vigilantes de seguridad privada, por agentes iba encaminada a reducir el déficit municipal y supuestamente ahorrar costes por parte del Ayuntamiento de Granada, lo que provocó que la empresa concesionaria, que se hizo con el servicio durante el año 2017, Viriato Seguridad S.L, no tuviera los suficientes puestos de trabajo para dar ocupación efectiva y poder subrogar a todos los vigilantes de seguridad.
Gracias al bufete Lexmia Abogados, la empresa entrante ha podido salvaguardar sus intereses a consecuencia de los recortes introducidos por el propio ayuntamiento, siendo dicha entidad local quien asuma los costes de la indemnización por despido de esos vigilantes de seguridad privada.
