La futura ministra de Economía, Nadia Calviño, asumirá el cargo en un momento en el que la economía española crece a un ritmo anual del 3%, pero con la expectativa de que se vaya desacelerando ligeramente, y con el reto de decidir sobre el futuro de Bankia.
Además tendrá que defender en Europa la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, así como la postura y el papel que jugará España en el futuro diseño del euro y la UE, algo a lo que ya se enfrentará en la cumbre europea de finales de este mes.
Entre sus primeras tareas estará también la de elaborar el cuadro macroeconómico que acompañará al techo de gasto que previsiblemente se aprobará en julio.
A punto de abandonar el procedimiento de déficit excesivo, el reto macroeconómico pasa ahora por reducir el nivel de deuda pública -superior al 98 % del PIB-, que constituye una de las principales vulnerabilidades para la economía española.
La nueva ministra tendrá que decidir el futuro de Bankia, a la que Podemos ha considerado en repetidas ocasiones una oportunidad para impulsar la banca pública, aunque el compromiso de España con sus socios europeos pasa por la privatización de la entidad.
La clave está en qué momento llevar a cabo la operación y de qué forma, pues el anterior Gobierno se había fijado entre sus objetivos que el Estado, que controla aún más del 60% de Bankia, saliera del capital de la entidad antes de que concluyera 2019.
Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no descartó ampliar ese plazo si las condiciones del mercado lo hacían aconsejable para recuperar el máximo de las ayudas públicas.
Teniendo en cuenta que Bankia ha perdido en lo que va de año más de un 14% de su valor en Bolsa, Calviño podría decidir que haya más margen para la privatización, a pesar de que la cúpula de la entidad ha repetido en los últimos meses que hay inversores dispuestos a entrar.
Si se apuesta por avanzar en la privatización de Bankia, también tendrá que decidir si la acelera con la colocación rápida de acciones, con lo que tendría difícil desprenderse de más de un 10 % del capital, o si opta por la venta de participaciones superiores a grandes inversores.
También está por ver si la nueva titular de Economía se mantiene al margen de la gestión de Bankia, presidida desde mayo de 2012 por José Ignacio Goirigolzarri, que siempre ha asegurado que ha actuado con total libertad y sin intervenciones del Ejecutivo anterior.
En materia legislativa, el nuevo Gobierno debería seguir adelante con la nueva ley hipotecaria, con la transposición íntegra de la directiva Mifid2, que obliga a una mayor transparencia a la hora de vender productos de inversión, o de PSD2, que facilita, previa autorización, el intercambio de datos de clientes por su banco.
También deberá resolver si reactiva demandas desde el Ejecutivo europeo como la liberalización los servicios profesionales o el desarrollo de la legislación para la unidad de mercado.
