El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que la prioridad de su Ejecutivo es recuperar los 22.000 M€ invertidos en el rescate de Bankia, algo que, de momento, no es posible por la baja cotización bursátil de las acciones de la entidad.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha respondido de esta forma a una pregunta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre los planes del Ejecutivo para Bankia.
"En este momento", ha explicado Sánchez, la cotización (de la acción) de la entidad no permitiría recuperar la inversión, por lo que la participación (en Bankia) aún no se venderá para proteger los intereses "de todos los ciudadanos y también del pequeño ahorrador que tenía y tiene sus intereses en entidad".
Asimismo, Iglesias le ha recordado la conveniencia de que España tenga una banca pública para contrarrestar una excesiva concentración en el sector financiero y como garantía de disponer de una economía productiva con recursos de inversión y crédito, como siempre ha defendido la izquierda.
Y una vez que los ciudadanos "se gastaron el dinero en sanear Bankia y ya está nacionalizada, qué sentido tiene permitir que se privatice otra vez", se ha preguntado Iglesias.
La banca pública, ha recordado, sirve para que los trabajadores y la pequeña y mediana empresa "puedan tener líneas de crédito garantizadas por el sector público" y, además, es "mucho más solvente que la privada", según los resultados de los últimos test de estrés de la banca europea, por lo que ha pedido "coherencia".
Sánchez ha contestado que el Gobierno "no está cerrado" a la existencia de una banca pública, pero debe ser una banca de inversiones y no comercial, pues "no tiene ningún sentido que el Estado tenga depósitos".
Por eso, el Ejecutivo está potenciando "y mucho" el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como esa banca de inversiones para el pequeño y mediano empresario, ha dicho.
Por último, Sánchez ha recordado las iniciativas regulatorias que el Gobierno ha emprendido, como la creación de una autoridad macroprudencial, la transposición de directivas europeas como la de crédito inmobiliario y la creación de la autoridad para la protección del cliente financiero.
