Guerra judicial entre el ayuntamiento de San Javier y la empresa adjudicataria del servicio de emergencias
El Juzgado de primera instancia e Instrucción nº 1 de San Javier ha abierto diligencias previas contra el concejal de Seguridad y Protección Civil de dicho consistorio, Rubén Pérez González, el coordinador de la Unidad de Protección Civil, E.S.M., y el anterior responsable del contrato del servicio de emergencias municipal, S.M.G., por un presunto delito de acoso contra la empresa Offshore Special Services (OSS).
El auto dictado por el juez instructor ha acordado la incoación de diligencias previas al presentar los hechos denunciados características de la existencia de presunto delito de Acoso Laboral y ha requerido a la empresa para que especifique qué otras denuncias estarían siendo investigadas en los Juzgados de San Javier al objeto de unificar todas las causas dentro de un único procedimiento, así como para que concrete los delitos denunciados.
Actualmente, OSS ha interpuesto otras cinco denuncias mas ante los Juzgados de Instrucción de San Javier contra responsables, funcionarios y otro personal laboral del ayuntamiento de San Javier a cuyo frente se encuentra José Miguel Luengo.
De estas cinco denuncias, igualmente, ya se han abierto diligencias previas hasta en tres de las presentadas, por lo que en estos momentos ya se están investigando por presuntos delitos de revelación de secretos, acoso y sabotaje respectivamente a responsables de Protección Civil, a algunos miembros de la Policía Local de San Javier, así como a otros dos trabajadores fijos laborales del consistorio que ya han prestado declaración ante el Juzgado de primera instancia e instrucción de San Javier.
La empresa, adjudicataria del servicio de emergencias del Ayuntamiento de San Javier desde junio de 2019, había ya presentado una querella contra el Concejal de Protección Civil por injurias y calumnias que se encuentra actualmente en fase de recurso, pero igualmente se han ha interpuesto denuncias contra el consistorio por otros delitos de coacción, acoso, prevaricación, y omisión del deber de socorro cuyo carácter deberá ser apreciado por los jueces.
OSS asegura que está viviendo una situación de "acoso permanente" y acusa a los trabajadores municipales denunciados de haber emprendido "una sistemática campaña de desprestigio contra el servicio que prestan en el municipio y contra la propia empresa y sus trabajadores, llevando en ultima instancia, a situaciones que habrían podido generar daños a terceras personas y que no persigue otro objetivo que resolver el contrato a la mercantil cuanto antes”.
Siempre según la versión de la empresa, el pasado mes de diciembre de 2020, el ayuntamiento abrió un expediente de investigación a la mercantil por presuntas irregularidades, y le negó el derecho a la propia defensa. Además, denuncia que "el Consistorio lleva a contra reloj a los jurídicos y altos funcionarios del Ayuntamiento pues pretende declarar la lesividad del contrato en el próximo pleno y así suspender cautelarmente todos los servicios del contrato".
OSS reitera su intención de denunciar cualquier actuación por parte de cargos electos o funcionarios que generen un daño bien para la empresa, sus trabajadores o el interés general, no descartando el ampliar la presente o presentar otras denuncias contra otros responsables y funcionarios implicados en presuntas irregularidades que se continúan produciendo en estos y otros procedimientos emprendidos por el Ayuntamiento contra la mercantil y que actualmente se encuentran en estudio por parte del despacho de abogados Peñas Roldán.
Dicha situación, no ha sido impedimento para que la empresa manifieste su compromiso permanente con el servicio que presta en el municipio y con sus ciudadanos, tal y como puso de manifiesto en los diferentes accidentes y catástrofes acaecidas en el municipio desde su puesta en marcha, siendo considerado un servicio integral, pionero en España.