Miembros del Consejo de Administración del Puerto exigen explicaciones por los contratos que investiga la fiscalía y la policía

La Autoridad Portuaria de Cartagena tiene convocado para este lunes reunión del Consejo de Administración del Puerto, una sesión en la que, inevitablemente, se pondrá encima de la mesa las investigaciones en curso de la fiscalía sobre algunos de los procederes en materia de contratos. De hecho, según han reconocido a Murcia Diario algunos de los miembros de este Consejo, exigirán explicaciones a la presidenta Yolanda Muñoz por los contratos sobre los que se arrojan sospechas. Recordemos que se investiga por presuntos amaños de contratos

De momento, la convocatoria sigue en pie y esperan los consejeros que no se desconvoque, ya que será el momento de escuchar de la presidenta la versión de todo lo sucedido. Hay que destacar que algunos de los expedientes y contratos que firma el Puerto, por su cuantía económica, no tienen por qué contar con el requisito previo del Consejo.

Por su parte, la Autoridad Portuaria asegura que no ha recibido notificación sobre los contratos que han salido a la luz. Y aseguran que "siempre se ha colaborado con la Justicia aportando la documentación requerida. Los procedimientos de contratación se realizan conforme a Ley y supervisados por la Abogacía del Estado".

En el momento de que "tengamos conocimiento de qué contratos están siendo investigados, facilitaremos la documentación necesaria para aclarar las posibles dudas a la Fiscalía".

Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción de Murcia ve indicios de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 en la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Por ello, ha presentado una querella contra su presidenta, Yolanda Muñoz, y su antecesor, Antonio Sevilla, para que se investigue si pudieron participar, presuntamente, en estas prácticas corruptas. A Muñoz le afectarían, concretamente, las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias.

La querella, que está pendiente del trámite de admisión por el juzgado de Instrucción de Cartagena en el que ha recaído, se dirige también contra un antiguo director general y una jefa de área, así como contra responsables de varias empresas.

En marzo de 2022, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional, registraron las dependencias del Puerto, donde se hicieron con documentación y hablaron con varios técnicos de la entidad.

La Fiscalía pide en su denuncia que se practiquen varias diligencias para determinar si en la revelación de secretos se pudo haber facilitado información privilegiada a licitadores que participaron en varios concursos públicos, lo que les permitía concurrir en situación ventajosa.

El juzgado de instrucción 1 de Cartagena deberá ahora decidir si admite a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Murcia contra la presidenta de la Autoridad Portuaria y su antecesor. 

Por su parte, CCOO y UGT en la Autoridad Portuaria se personarán como acusación particular en la causa. Ambos sindicatos ya denunciaron varias adjudicaciones de contratos supuestamente irregulares aunque desconocen si tienen que ver con lo que tramita la Fiscalía.

El delegado de Comisiones Obreras en el puerto, Diego Zaplana explicaba que hace más de un año denunciaron supuestas irregularidades en varias licitaciones, entre ellas la de la oficina de proyectos de digitalización, la del control de accesos y seguridad y otra relacionada con la compra de ordenadores.

En febrero 2022 ambos sindicatos comparecieron en la Fiscalía para denunciar también irregularidades en la licitación de la semana cultural 'Vive tu puerto 2021' por la contratación de servicios y obras de infraestructuras. 

Y en julio ampliaron la denuncia por posibles represalias al ingeniero que no firmó lo que le pedían, así como supuesto amaño en el proceso de selección de la plaza de jefe de área de explotación que se adjudicó al hermano del alcalde de Almería del PP

Reacciones políticas a pocos meses de las elecciones de mayo

A nadie se le escapa que la presentación de esta investigación a cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales puede tener repercusiones, es más, muchas de las fuentes consultadas por Murcia Diario están convencidos de que el calendario ha sido elegido con todo el tino del mundo. 

Parece que aquí se han manejado los tiempos y "ahora todo el mundo quiere sacar tajada. Ahora muchos de los que la saludaban efusivamente la evitarán como si fuera una apestada -en relación a Yolanda Muñoz- y a Antonio", explican.

Por de pronto, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha pedido a la Autoridad Portuaria máxima transparencia y colaboración con la justicia. "Si se confirman las informaciones lo imprescindible es que la Autoridad Portuaria preste con rapidez y total transparencia toda la colaboración necesaria con la Justicia para que el juzgado que tenga que investigar la denuncia pueda sacar conclusiones con rapidez", ha dicho la alcaldesa. La alcaldesa, a falta de tener más información, ha insistido en "la presunción de inocencia y respetar y colaborar con el trabajo judicial cuando se produzca".

La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón ha exigido la dimisión de Yolanda Muñoz.  "Las acusaciones son muy graves. Respetamos la presunción de inocencia, pero todos los implicados deben dejar sus cargos mientras se lleva a cabo la investigación porque lo que está en juego es la integridad y el prestigio de una institución fundamental para Cartagena y para la Región", ha explicado Castejón.

A nivel regional, la portavoz y vicesecretaria general del PSRM, Carmina Fernández, ha asegurado que "no es un caso aislado ni excepcional de corrupción. Como tantas veces hemos advertido, el problema es que, después de 28 años de gobiernos del PP, en la Región de Murcia sufrimos una situación de corrupción generalizada". Asimismo, ha indicado que "es inadmisible que se utilicen las instituciones y los cargos públicos para beneficiarse o beneficiar a los amigos, como ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular", y ha afirmado que "esto pone en evidencia que el PP solo gobierna para unos pocos, en su propio beneficio y para los suyos y, mientras tanto, la Región sigue hundiéndose en el pozo de la precariedad y la desigualdad".

Por su parte, Podemos también ha exigido la dimisión de Muñoz. María Marín, portavoz morada en la Asamblea Regional, ha pedido "explicaciones inmediatas" por parte del Gobierno regional, tras destaparse el presunto amaño de contratos por parte de una "red organizada en la que estarían implicados altos cargos del PP". Asimismo, exige la "comparecencia urgente" de López Miras y el cese inmediato de los altos cargos investigados.