LABORAL

Vodafone plantea el despido de hasta 1.198 empleados en España

Vodafone cree urgente efectuar un cambio organizativo y operativo. (Archivo)
La compañía cree que ésta es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro.

Vodafone España ha trasladado este miércoles a los sindicatos el inicio de un procedimiento de despido colectivo, que afectará potencialmente a un máximo de 1.198 empleados, lo que supone el 36,6% de la plantilla, y les ha convocado para comenzar el periodo de consultas.

Vodafone España cree que ésta es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro y asegura que este procedimiento se aborda con una actitud "responsable y dialogante" desde la operadora, y con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes.

La compañía justifica el despido de hasta casi 1.200 empleados -de una plantilla compuesta por 3.268 personas- por razones "económicas, productivas y organizativas, determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial", pues recuerda que sus ingresos totales han caído un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años.

También se debe, siempre según el relato de Vodafone España, a la necesidad urgente de efectuar un cambio organizativo y operativo, con el objetivo de redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad del mercado y recuperar la competitividad.

Este procedimiento de despido colectivo, añade, no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes.

El despido colectivo anunciado por Vodafone España llega poco después de que una nueva dirección se haya puesto al frente de la compañía tras la toma de control por parte de Zegona, cuyo plan industrial se sustenta sobre "un nuevo modelo organizativo que ayude a garantizar la viabilidad del negocio".

El rechazo frontal de los sindicatos

El sindicato mayoritario en Vodafone España, UGT, considera que "una vez más" confluyen en una empresa del sector de las telecomunicaciones la voracidad de una dirección incapaz de idear soluciones reales a los problemas y la inacción de una administración que no solicitó ninguna garantía para el empleo en la aprobación de la venta de Vodafone España a Zegona.

A juicio de UGT, Vodafone se estudiará en las facultades de Economía como un ejemplo de cómo la mala gestión puede dilapidar el valor de una compañía que llegó a ser líder mundial entre las operadoras de telecomunicaciones.

"La falta de visión estratégica, la incapacidad de leer la evolución del mercado, el desprecio a la innovación y el I+D, el servilismo ante la voracidad de los accionistas, … han llevado al grupo a una situación de desguace como la que vivimos", ha lamentado UGT.

Desde el sindicato STC, la segunda fuerza en Vodafone España, rechazan rotundamente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y entienden que la viabilidad de la compañía pasa por el mantenimiento de los puestos de trabajo. La única salida a este ERE, consideran, es que haya un 100% de voluntariedad.

Por su parte, fuentes de CCOO lamentan que la nueva dirección no se haya tomado tiempo para conocer un poco más la compañía y las funciones que hace cada uno de los empleados antes de plantear el despido de hasta 1.200 trabajadores.

Además, recuerdan que este ERE se suma a una larga lista de ajustes de personal en Vodafone España desde 2013, que han dejado ya "muy mermada a la plantilla" de la compañía, en la misma línea que UGT, que rememora que las sucesivas direcciones del grupo nombraron a gestores que fueron de fracaso en fracaso y de ERE en ERE.

"Ahora Zegona decide repetir un modelo fracasado. Reducir y castigar a la plantilla en aras de una supuesta futura mejora de la posición de la compañía en el mercado", añaden los sindicatos.

UGT, como marca la ley, negociará de buena fe con el fin de minimizar el impacto sobre el empleo y maximizar las condiciones para las personas afectadas, mientras que CCOO ve "muy difícil" poder llegar a un acuerdo.

La mesa de negociación se constituirá en un máximo de 15 días, como establece la ley, informan los sindicatos.