La CARM propone al ministro que tenga en cuenta la situación generada por la Covid-19 y varíe los parámetros de las becas
El consejero de Universidades, Miguel Motas, se ha mostrado partidario de una reducción de las tasas universitarias, aunque para ello "es imprescindible una compensación justa desde el Gobierno central, teniendo en cuenta además que somos una de las comunidades autónomas más infrafinanciadas del país”.
Motas ha recordado que “las tasas universitarias públicas de la Región ya se encuentran por debajo de la media del país”, y de hecho son las sextas más bajas. “Nos encantaría poder bajar todavía más los precios, como solicitan los alumnos".
El consejero añadió que “siempre vamos a defender que los alumnos tengan el mayor acceso posible a los estudios superiores. En esta línea, ya propusimos al ministro que tuviera en cuenta la situación generada por la Covid-19 y modificara los parámetros de las becas para el próximo curso, ayudando así a alumnos con dificultades económicas, pero desestimó la propuesta”.
Motas advierte que "una bajada de los precios supondría una caída de ingresos para las universidades, que deberían replantear la organización de su presupuesto en el ejercicio de su autonomía, pero entendemos que precisen de compensaciones en forma de financiación, por lo que las apoyamos en esta reivindicación. El Gobierno central ha hecho una declaración de intenciones, pero son ellos precisamente los que deben dar respuesta a la demanda que ponen sobre la mesa”.
En concreto, la Consejería solicitó que se tenga en cuenta no sólo el IRPF del año 2019, sino también deducciones de la renta familiar para aquellos estudiantes cuya familia se haya visto afectada por la crisis. Por alguno de los siguientes casos: cese de actividad de alguno de los sustentadores principales en el primer semestre de 2020; que los sustentadores principales sean nuevos desempleados, despedidos entre marzo y junio de este año, o que estos se hayan visto afectados por un ERTE entre marzo y junio.
Motas señaló que “durante la última Conferencia de Política Universitaria, el ministro de Universidades, Manuel Castells, informó a los consejeros de que desestimaba esa propuesta por considerar que era demasiado complicado obtener esos datos, a pesar de que le recordé que se trata de información que está en manos del Ministerio de Trabajo”.