La Inspección de Trabajo ha cambiado el criterio que ha mantenido durante décadas, y que permitía a centros de formación como el que tiene la FREMM que sus profesores no fueran contratados, sino que fueran autónomos. Según la Federación del Metal, este cambio puede llevar a muchos centros de formación a la quiebra y, en su caso particular, abocarles a cerrar el centro.

La Federación del Metal imparte actualmente cerca de una veintena de cursos, todos relacionados con las actividades del metal, como electricidad industrial, soldadura, reparación de cajas de cambio, neumática e hidráulica. Estos cursos, homologados en la Formación Profesional, llevan años registrando grandes éxitos, con una emplabilidad superior al 80% de los que los cursan.

La actuación de la Inspección de Trabajo sobre la Formación para el Empleo (FPE) que imparten sin ánimo de lucro sindicatos y organizaciones empresariales ha hecho saltar todas las alarmas en los centros formativos y educativos a nivel regional y nacional.

Para la FREMM, según el nuevo planteamiento hecho por la Inspección de Trabajo, la contratación del profesorado de los centros de formación para el empleo debe ser ahora por cuenta ajena cuando la práctica totalidad de las entidades en España trabajan desde hace más de 35 años con profesorado autónomo, siendo conocedor el propio cuerpo de Inspección y habiéndose considerado que era la adecuada.

Desde las organizaciones empresariales se considera que las distintas normas que rigen la contratación en los centros de formación dan pie a una interpretación laxa, por lo que piden al Gobierno de España una solución urgente que garantice la seguridad jurídica evitando así “discrecionalidad” a la hora de aplicarlas, y mientras tanto, la paralización de expedientes en curso.

Desde estas mismas organizaciones se incide también en que la contratación de profesorado autónomo está amparada desde la Unión Europea y por la propia Ley 30/2015 sobre Formación para el Empleo, que contemplan la viabilidad de justificar los gastos de personal con la contratación de profesionales autónomos, y habiéndose considerado que este tipo de contratación permite una mayor calidad en la formación para el empleo.

Ahora, ante el nuevo criterio manifestado desde la Inspección, se abre la puerta a que, desde cualquier provincia española, se pueda proceder a la revisión directa de la gestión de sus centros educativos en los últimos cuatro años y ser denunciados con el precedente creado.

El alcance del paso dado desde la organización administrativa trascendería además a la Formación Profesional para el Empleo (FPE), porque afectaría a un abanico amplio de entidades educativas y formativas incluyendo las propias universidades públicas y privadas, institutos, centros de formación profesional y academias de preparación a oposiciones, que cuentan con profesionales en calidad de autónomos para impartir sus clases, afectando igualmente a las clases particulares en domicilios, preparadores de oposiciones, jornadas técnicas y charlas, entre otros ámbitos.

Sólo contando el número de estudiantes universitarios perjudicados, el volumen de afectados se dispararía.

Empleabilidad ejemplar

La luz de emergencia se encendió en las entidades de FPE con la situación creada en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, con más de 30 años de experiencia y una media anual de 5.000 trabajadores formados, de los que un millar son desempleados y de Garantía Juvenil. De estos últimos, 8 de cada 10 encuentran empleo, mientras los 4.000 restantes son trabajadores que se cualifican en los avances del mercado, incluyendo la cualificación en nuevas tecnologías, lo que les está facilitando su promoción dentro de sus empresas, ayudando a la capacitación de las mismas para competir en el mercado global.

El centro de formación es un referente nacional e internacional por su calidad en formación y equipamiento de vanguardia de sus talleres. En las tres décadas que lleva funcionando, se ha acogido a la ley vigente donde todas las fases del proceso formativo del CIFP están sometidas cada año a una evaluación permanente por parte de las administraciones, y que viene superando con éxito en cada ejercicio, siendo ratificados sus resultados y calidad en los controles. Se trata de inspecciones del Fondo Social Europeo, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los organismos subvencionadores.

Por ello, desde la federación se estima que la Inspección de Trabajo ha escogido a la Región de Murcia como “chivo expiatorio”, existiendo miles de centros que contratan autónomos en el resto de España.

Efecto dominó

De prosperar el criterio manifestado desde la Inspección de Trabajo, los centros formativos gestionados por las organizaciones empresariales, sindicatos y empresas privadas en España se verían abocados al cierre, dejando a trabajadores en activo y desempleados sin acceso a una cualificación imprescindible en estos momentos, y en especial, a colectivos vulnerables, entre ellos jóvenes sin empleo (con la elevada tasa de desempleo juvenil registrada en España por falta de cualificación profesional, según datos de Europa), y también a los de larga duración y mayores de 50 años.

Igualmente, resultarán damnificadas miles de pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos, en plena fase de transformación digital global que requieren de una capacitación específica en habilidades digitales.
A ello se suma la inminente llegada de los fondos europeos Next Generation, donde la formación es uno de los pilares fundamentales, por lo que la inseguridad jurídica actual y la probabilidad de denuncias y cierres de centros educativos suponen una amenaza de extrema gravedad para la recuperación de la economía de la Región de Murcia y nacional, poniéndose en peligro miles de puestos de trabajo.