TCeroEstudios denuncia a Secuoya por presunta competencial desleal
La sociedad Audiovisuales TCero S.A. (TCERØ) ha presentado una denuncia ante el Servicio Regional de Defensa de la Competencia de Murcia contra la mercantil CBM Servicios Audiovisuales, S.L.U (CBM), perteneciente al Grupo de Comunicación Secuoya, por un presunto abuso de posición de dominio, prohibido en el artículo 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.
La denuncia se enmarca en la licitación del concurso para la gestión de la televisión autonómica, cuya adjudicación está prevista una vez se levante el estado de alarma decretado con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Las pruebas documentales aportadas por TCERØ demuestran que la sociedad CBM, que es la actual gestora de 7 TV, estaría firmando sistemáticamente acuerdos de colaboración con varios trabajadores y empresas productoras de contenidos audiovisuales de la Región, a los que obligaría a aceptar cláusulas de exclusividad y confidencialidad, aprovechando la posición de dominio que tiene al ser el gestor de 7 TV.
De esta manera, el Grupo Secuoya impediría que otras empresas pudieran optar al concurso en igualdad de condiciones, puesto que se estaría garantizando los medios materiales y los recursos humanos necesarios para poder acceder con ventaja a la nueva concesión administrativa.
TCERØ cree que esta táctica ilícita (considerando la posición de dominio de CBM) privaría a los ciudadanos de la Región de Murcia, con cuyos impuestos se sufraga la televisión autonómica, de la posibilidad de que otro proyecto mejor resultara adjudicatario de la concesión de 7 TV.
Además de la denuncia presentada en Competencia, TCERØ ha solicitado a la consejería de Presidencia y Hacienda, que es el órgano contratante, el cese cautelar de la conducta prohibida y la eliminación de la cláusula de exclusividad en los acuerdos de colaboración que CBM haya podido imponer a los diferentes agentes del sector audiovisual murciano, instándole a que actúe con la debida diligencia y responsabilidad para garantizar la transparencia que debe presidir este proceso.
La presunta infracción que ha sido objeto de denuncia puede comportar sanciones de multa de hasta un 10% del volumen de negocios total correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa, o, alternativamente, hasta de diez millones de euros.