Pacto en Cartagena para la instalación de fotovoltaicas
Incluye el compromiso de "no instalar plantas en la zona oeste, de establecer entornos de protección medioambiental y de crear un sistema permanente de información y control de los nuevos proyectos".
El ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVCAC) y las empresas del sector fotovoltaico, han aprobado un protocolo, denominado ‘Compromiso de Sostenibilidad Social y Medioambiental de las plantas fotovoltaicas a construir en el municipio de Cartagena’, que regulará la instalación de plantas en el municipio.
Dicho protocolo incluye el compromiso de “no instalar plantas en la zona oeste, de establecer entornos de protección medioambiental y de crear un sistema permanente de información y control de los nuevos proyectos”, como ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada por la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, el teniente de alcalde, Manuel Padín, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FEVCAC), Leandro Sánchez, y representantes de las principales asociaciones de empresas fotovoltaicas, como Aremur, Unef, Anpier, Ahmur y FREMM.
La creación de este protocolo es una iniciativa pionera que da respuesta a una situación muy compleja y polémica generada por la proliferación de plantas fotovoltaicas en todo el territorio nacional. “Este protocolo sirve como código de buenas prácticas y acaba con la incertidumbre generada en los últimos meses. Una vez más, Cartagena da ejemplo porque ha conseguido un acuerdo de todas las partes que, sinceramente, creemos que puede ser de utilidad para el resto de municipios de la Región”, ha destacado Noelia Arroyo.
El objetivo de este documento es autorregular a los titulares con expedientes en trámite para la obtención de las correspondientes licencias de obra de instalaciones que no superen las 10 hectáreas de superficie y que no están incluidas en el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
Este Acuerdo pone de manifiesto la voluntad de Unef de fomentar el diálogo con todas las partes implicadas en los procesos de instalación de plantas fotovoltaicas. Constituye un ejemplo de intermediación entre empresas y comunidades que la Unión Española Fotovoltaica quiere extender en el futuro.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado, un texto que ha definido como “único, pionero y que no se había firmado antes en ningún otro municipio”.
“En la situación de emergencia climática que estamos viviendo, es necesario un desarrollo decidido y ágil de las energías renovables”, ha puntualizado el presidente de Anpier, que ha intervenido en representación del sector. “Cartagena ha sido pionera. Con diálogo entre las asociaciones de vecinos y el sector, sentándonos sobre la mesa y poniendo sobre la misma los pros y las contras, la visión de cada parte e intentar confluir en un acuerdo que permita desbloquear la situación con el fin de avanzar en la lucha contra el cambio climático sin perjudicar todos esos bienes de carácter cultural, paisajístico, patrimonial e histórico del municipio”, ha valorado.
Con respecto a la “tensión” que se había generado en la Zona Oeste del municipio, ha puntualizado que el sector ha estado de acuerdo con las asociaciones en impedir que en esa zona se desarrollen plantas de energías renovables. “El sector ha sido muy generoso”, ha subrayado, al tiempo que ha pedido “agilización en el desbloqueo de proyectos” dada la emergencia climática.
El compromiso implica evitar el desarrollo de plantas fotovoltaicas de cualquier tamaño sobre suelo considerado por el Ayuntamiento como "área rural de especial sensibilidad ambiental y social" (Distrito 1). En estos terrenos solo se permitirá, bajo estricto cumplimiento de la legislación vigente, la instalación de huertos solares para autoabastecimiento. También el desarrollo de comunidades energéticas.
Por último, el acuerdo incluye el compromiso de que las plantas fotovoltaicas, cuando se instalen sobre suelo, deberán cumplir con determinadas medidas o criterios de tipo socioeconómico y medioambiental que garanticen su sostenibilidad económica, medioambiental y social, que deberán recoger en memorias técnicas que analicen el impacto de forma separada.