El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de choque para amortiguar el impacto en el recibo de la luz que está teniendo los altos precios del mercado mayorista eléctrico (pool), que ha pulverizado todos sus récords al fijar para este miércoles un precio medio de 172,78 € megavatio hora (MWh).

Con este plan, plasmado en un real decreto-ley que incluye medidas fiscales y otras como el recorte de beneficios de las eléctricas, el Gobierno prevé que los usuarios paguen este año por la luz lo mismo que pagaron en 2018, unos 600 € en el caso de un usuario medio con una tarifa de baja tensión.

Así, estas medidas permitirán bajar la parte regulada del recibo de las facturas finales de los consumidores (cargos) en una horquilla que va desde el 47,2% en el caso de los hogares hasta el 24,5% en el de la gran industria.

LAS GRANDES ELÉCTRICAS, OBLIGADAS A SUBASTAR ENERGÍA Y A DEVOLVER BENEFICIOS 'EXTRA'

Para ello, el Gobierno obligará a las eléctricas a devolver temporalmente los beneficios "extra" que están obteniendo en el pool como consecuencia de los altos precios internacionales del gas y que, según estimaciones del Gobierno, a precios actuales sumarán unos 2.600 M€. Como consecuencia de esta medida, que se aplicará hasta el 31 de marzo de 2022, los ingresos se destinarán a reducir los cargos y las instalaciones afectadas serán nucleares, hidráulicas y renovables a mercado (aquellas que no reciben primas ni han participado en subastas), salvo aquellas con capacidades instaladas de menos de 10 megavatios (MW).

En la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica y mediante un sistema marginalista que implica que la última central en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las que aporten energía en esa hora, independientemente de su estructura de costes variables.

El objetivo es que las empresas devuelvan hasta el 90% de los beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas, han explicado fuentes del Ministerio para la Transición Tecnológica, que han señalado que la medida estará vigente hasta marzo del año que viene, cuando se prevé que los precio gasistas comenzarán a bajar.

Por otro lado, el real decreto-ley modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden y evitar "súbitos" desembalses como los registrados este verano en algunas cuencas.

El real decreto-ley incluye también destinar 900 millones adicionales, hasta un total de 2.000 millones, de las subastas de dióxido de carbono (CO2) a rebajar los cargos del sistema, así como la celebración de subastas de electricidad que aportarán liquidez y competencia en los mercados a plazo y beneficiará, sobre todo, al tejido industrial y a los comercializadoras independientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP (que podrán rechazar ofertas por debajo de un precio que establecerá la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) ofertarán 15.830 gigavatios (GWh), el equivalente al 6,3% de la demanda eléctrica nacional de 2020.

REBAJA DEL IMPUESTO ESPECIAL DEL 5,11 AL 0,5%

A nivel fiscal se rebajará hasta final de año el impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5% que grava el recibo de la luz de hogares y empresas y que cobran las autonomías, que podrán ser compensadas por ello en caso de que afecte a su financiación. Además, el Gobierno ha ampliado también hasta final de año la suspensión del impuesto a la generación (7%), que pagan las productoras, aprobada en junio, cuando también rebajó el IVA que grava el recibo de la luz del 21 al 10% para los usuarios de hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada hasta el 31 de diciembre (fecha que no se ha modificado).

Por otra parte, ha aprobado otras con vocación de permanencia, como un nuevo suministro mínimo vital que amplía la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes -diez en total-, tiempo en el que se garantizará un abastecimiento mínimo de confort (potencia de 3,5 kilovatios).

LIMITA LA SUBIDA DE LA TUR DURANTE SEIS MESES

El Gobierno ha decido limitar la subida de la tarifa regulada del gas natural para evitar que se dispare con motivo del encarecimiento de los precios internacionales de gas natural, con lo que en octubre subirá sólo un 4,6% en lugar del 29% que debería subir de aplicarse la fórmula vigente. Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, las medidas de este plan de choque "suponen una rebaja en la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año", un recorte que se incrementaría "hasta un 30% cuando sumamos el efecto de la congelación fiscal del pasado junio".

Todas ellas entrarán en vigor "al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que los consumidores ya notarán su impacto en la factura de septiembre".

EL PLAN DEL GOBIERNO HUNDE A LAS EMPRESAS EN BOLSA, QUE AMENAZAN CON PARAR LA PRODUCCIÓN NUCLEAR

Las medidas anunciadas por el Gobierno tuvieron una consecuencia inmediata en las empresas más implicadas, ya que las compañías del sector cotizadas en el IBEX reaccionaron con fuertes pérdidas en la sesión bursátil: la que más sufrió fue Endesa, que se dejó un 5,18%; Iberdrola cayó un 1,71%, mientras que Naturgy cayó un 0,64%.

También dentro del sector, Solaria cayó un 1,55%, Enagás un 0,37% mientras que Red Eléctrica, la empresa semipública, fue la nota discordante con una subida del 0,35%.

A modo de medida de presión, Foro Nuclear, la asociación que engloba a las empresas que producen este tipo de energía, ha mostrado su rechazo al plan de medidas del Gobierno para reducir la factura de la luz y ha asegurado que este paquete "abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear".

En su comunicado, las nucleares explican que las medidas "ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear", que ya soporta "excesiva presión fiscal".

Así, consideran que si el proyecto de Ley se aprueba, el precio de venta de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el preico del CO2, no podría ser inferior a los 57-60 euros por megavatio hora. "De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas", advierten.