El buen comportamiento del empleo destaca en el Observatorio Financiero de la Región
El Observatorio Financiero de la Región de Murcia destaca el buen comportamiento del empleo en el presente año y subraya también la estabilidad del crecimiento económico regional.
Así lo constata la quinta edición de este estudio, elaborado por economistas y expertos del ámbito académico, que presentó este miércoles el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, junto con el director del mismo, el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli.
El informe señala que la Región de Murcia “ha alcanzado el máximo histórico de ocupados, con más de 671.000 personas” y recuerda que, según los últimos datos del SEPE, el paro registrado el pasado mes de octubre es un 5,2% inferior al registrado en octubre del año anterior.
Por último, y también en términos de empleo, el documento subraya que la afiliación a la Seguridad Social registró un incremento de casi 18.700 personas en los diez primeros meses del año. Una de las conclusiones del informe es que todos estos datos “demuestran la fortaleza del mercado de trabajo en la Región de Murcia en este 2023”.
Durante la presentación, el titular de Hacienda recordó que la tasa de paro “alcanzará en 2024 el 12,4%, que se convertirá en el mínimo histórico de la última década”.
En lo que se refiere al crecimiento económico, los economistas fijan en un 1,8% el aumento del Producto Interior Bruto regional (PIB) para el año 2024. El estudio recuerda además que servicios de estudios como BBVA Research estiman también un crecimiento del 1,8%, mientras que previsiones como las que realiza Hispalink lo elevan hasta el 2,7%, por lo que subraya “la prudencia” del Gobierno regional.
“Esta cifra coincide con las estimaciones macroeconómicas incluidas por el Gobierno regional en el techo de gasto de los presupuestos de 2024, que han recibido el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”, destacó el consejero.
INCERTIDUMBRE GLOBAL Y RIESGOS PARA ESPAÑA
El informe advierte, no obstante, del elevado grado de incertidumbre que se vive en los últimos años a nivel global debido a episodios como la pandemia de coronavirus, la crisis de las materias primas o los conflictos bélicos en Ucrania y, más recientemente, en Oriente Medio.
El titular de Hacienda recordó que además de estos factores comunes a todas las economías, España se enfrenta a nuevos retos y riesgos debido a la situación política que ha llevado a que organismos internacionales y los principales fondos de inversión sitúen ya a España como el peor país de Europa para invertir.
La agencia de calificación Moody´s, en concreto, alerta de que los acuerdos de investidura “aumentan el riesgo político y ya han creado tensiones que están ahondando en la fragmentación política de la sociedad española”.
El consejero de Hacienda advirtió en este sentido de que “nos encontramos ante un riesgo real de que la crisis institucional se convierta también en una crisis económica. Por desgracia, ya estamos viendo cómo algunas importantes empresas se están cuestionando sus inversiones en España y en la Región de Murcia, con lo que ello supone para la economía y para el empleo”.
“Desde el Gobierno del presidente López Miras trabajamos para crear en la Región de Murcia un marco de seguridad jurídica, libertad económica y moderación fiscal que incentive la actividad y estimule y atraiga nuevas inversiones”, concluyó Marín.
OTROS DATOS
Igualmente, el estudio muestra que el 23,3% de los 172 estudiantes de secundaria encuestados reconoce haber tenido monedero virtual para operar con criptoactivos y el 6,4% tiene en su poder estos activos.
Baixauli, que ha hecho esta revelación, ha mostrado la preocupación del colegio de economistas por un problema que habrá que afrontar desde el punto de vista educativo, dado que desde el judicial es "muy difícil" abordarlo.
Además, esta encuesta ha desvelado que el 11% de los menores de edad murcianos encuestados tiene intención de adquirir algún tipo de criptomoneda en los próximos seis meses y el 60% ha decidido invertir en un único tipo de entre la multitud de estos activos existentes en el mercado.
El 96% de estos jóvenes reconocen que necesitarían formación para poder manejarse en los conceptos financieros asociados a este tipo de activos
Los expertos han observado que los estudiantes ven fácil acceder este tipo de activos financieros, que están muy disponibles en redes sociales y que hay influencers que son la única formación que tienen los menores para la adquisición de criptomonedas con la promesa de ganar dinero fácil.
El decano considera "escandaloso" que existe un porcentaje de menores de edad que tengan estos activos cuando la normativa precisamente intenta evitar que un menor haga una operación de este tipo con la inseguridad jurídica que existe.
Una modalidad que tiene éxito entre los menores es la de los token en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, que son unidades de valor emitida por una entidad y que se puede intercambiar para representar activos o derechos específicos en una red blockchain.
La falta de comprensión sobre la volatilidad del mercado, la seguridad de las transacciones y otros aspectos puede hacer que los jóvenes sean más propensos a tomar decisiones financieras arriesgadas.
Los menores pueden ser más susceptibles a prácticas de seguridad deficientes en línea, como compartir información personal o ser víctimas de fraudes. Esto puede aumentar los riesgos asociados con la posesión y el uso de criptomonedas.
Algunos menores de edad pueden ser impulsados por la emoción o la presión de sus compañeros a invertir en criptomonedas sin comprender completamente los riesgos asociados. Esto podría llevar a decisiones financieras irresponsables.
Es esencial que los padres, tutores y educadores aborden estos problemas proporcionando educación financiera y digital a los menores, y supervisen cualquier participación en criptomonedas para garantizar que se realice de manera responsable y legal. Además, las plataformas de criptomonedas también deben implementar medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la protección de los usuarios menores de edad.