La economía sumergida en la Región roza el 18% por ciento del PIB
La consejería de Empresa, Empleo y Economía Social ya cuenta con la radiografía del estado de la economía irregular en la Región de Murcia, que le permitirá seguir avanzando en el plan estratégico contra la economía sumergida en el que actualmente se está trabajando.
El estudio, que ha sido elaborado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia (UMU), por encargo del Consejo Económico Social de la Región de Murcia (CES) y la Consejería, arroja que la economía irregular en la Región representa un 17,4% del PIB.
La consejera Marisa López Aragón destacó que “si bien, el estudio refleja que el porcentaje ha caído en casi cinco puntos desde 2004 y casi en un punto desde 2020, sus conclusiones nos permitirán avanzar con mayor eficacia en el diseño de las medidas para combatir un fenómeno tan complejo”.
Para ello, “es necesario un enfoque estructural y multisectorial, que implique a todos los agentes sociales y económicos, en un trabajo conjunto, tal y como se está haciendo”, añadió la titular de Economía Social.
López Aragón subrayó que la estrategia pretende diseñar una serie de actuaciones para luchar contra la economía sumergida, ya que “erosiona la capacidad fiscal de la Administración, reduce la competitividad empresarial y fomenta la precarización laboral”.
En este sentido, aseguró que el objetivo del Gobierno regional “es claro: reducir la economía sumergida, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y reforzar la competitividad de nuestras empresas”.
Colaboración y coordinación
La presentación del estudio ha contado con la presencia del presidente del CES, José Antonio Cobacho; el rector de la UMU, José Luján; así como de los investigadores del Departamento de Economía Aplicada de la UMU, autores del estudio, José Colino y Federico Martínez-Carrasco, quienes expusieron las principales conclusiones.
El documento establece que la economía sumergida sigue siendo un problema en la Región, como en muchas otras partes de España y Europa, e incluye todas aquellas actividades que, siendo legales en principio, conllevan algún tipo de fraude fiscal o laboral.
Asimismo, la investigación determina que, entre las irregularidades más comunes, destacan las fiscales, la no compensación de las horas extras, el cobro parcial del salario fuera de nómina o la mayor carga horaria de la legal o pactada.
López Aragón señaló “la limitación de competencias que tenemos en la Administración regional, ya que no disponemos de control sobre las actividades vinculadas a la economía sumergida como pueden ser las competencias sobre tributos estatales, sobre la Seguridad Social o sobre el mercado de trabajo”. Por ello, “en la estrategia en la que estamos trabajando, además de establecer medidas concretas, buscamos la coordinación y colaboración con quienes sí tienen esas competencias”, añadió.