El ayuntamiento de Cartagena aprueba un plan de medidas antifraude
Impone rechazar cualquier regalo, favor o servicio que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.
El ayuntamiento de Cartagena ha aprobado un plan de medidas antifraude encaminadas a la correcta gestión de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, y que deberá ratificar próximamente el pleno.
La iniciativa del Gobierno municipal, denominada Sistema de Integridad y Medidas Antifraude (SIMA), supone, según ha señalado la alcaldesa Noelia Arroyo, un fortalecimiento de las políticas de gobierno abierto desarrolladas por el Ayuntamiento y el reflejo de su compromiso ético, político e institucional en la lucha contra las malas prácticas y los comportamientos indecorosos en el desempeño de la gestión municipal, y la consecución de la eficiencia y la eficacia.
El plan incluye una declaración Institucional antifraude, que deberá aprobar el Pleno del Ayuntamiento y con la que la corporación municipal mostrará su total convicción y compromiso con la lucha contra el fraude y la corrupción, actuando como una administración abierta, transparente, próxima al ciudadano, accesible, íntegra y comprometida con la mejora continua de los servicios y las políticas públicas.
Igualmente el plan establece una serie de medidas para garantizar que los fondos públicos se utilizan de conformidad con las normas aplicables y, en particular, que existe una adecuada prevención, detección y corrección del fraude, de la corrupción y de los conflictos de intereses.
Para ello se establecen una serie de códigos de conducta que afectan a políticos y empleados públicos entre los que se encuentran la plena dedicación y con profesionalidad al servicio público, cumpliendo fielmente el régimen de incompatibilidades que les es aplicable; actuar con imparcialidad y con la diligencia debida y realizar una gestión eficiente y austera de los recursos públicos que tengan asignados, no utilizando los mismos en beneficio propio o de su entorno familiar y social, así como cuidar y conservar los recursos y bienes públicos asignados a su puesto.
Igualmente hacer un uso adecuado, motivado, justificado y austero de los gastos de representación y atenciones protocolarias que tengan asignados por razón de su cargo; rechazar cualquier regalo, favor o servicio que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía; al igual que ser accesibles a los ciudadanos, respondiendo a sus peticiones, escritos y reclamaciones que formulen.
Para su control el Plan crea la denominada Comisión Antifraude dirigida a la prevención, detección, corrección y persecución de conductas fraudulentas; un órgano técnico e independiente, cuya actuación responderá a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.