Los empresarios agrícolas se plantan y anuncian una demanda colectiva contra ley del Mar Menor

Empresarios agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena han acordado presentar una demanda colectiva contra algunos artículos de la Ley del Mar Menor, promovida por el Gobierno murciano y en vigor desde julio de 2020, porque consideran que criminaliza al sector productivo y "vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución".

La Fundación Ingenio, que aglutina al 85% de los productores de la zona, ha informado del acuerdo durante un multitudinario acto que reunió a más de un millar de agricultores en el municipio de Torre Pacheco.

Según argumentan, la ley "pasa de puntillas sobre las causas más directas de la degradación de la laguna", que para ellos son las aguas fecales urbanas sin tratar que se vierten al Mar Menor, y no los vertidos de nitratos agrícolas, y subrayan que el problema está en los pozos ciegos de las viviendas, en la red de saneamiento "obsoleta y desbordada" en épocas del año con mucha presión poblacional, y en la insuficiente depuración.

Los empresarios agrícolas sostienen que tales vertidos fecales son responsabilidad exclusiva de las Administraciones locales, que "eluden su responsabilidad culpabilizando en exclusiva a la actividad agrícola".

Por esta razón, los productores dicen sentirse “engañados, criminalizados y utilizados” para convertirse en "víctimas de una gran mentira”, dado que la presencia de nitratos agrícolas en la laguna "es nula o ínfima, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico".

También son críticos con el Gobierno regional porque no les escucha ni les "recibe en serio”, y se ofrecen a ser una parte activa de la solución porque, según aseguran, "existen iniciativas técnicas que hacen perfectamente compatible el mantenimiento de un Mar Menor saludable con la actividad económica, la agrícola y la turística".

La demanda colectiva no aplica contra la totalidad de la ley regional, sino sobre algunos aspectos que, según ellos, son suficientes para hacer inviable la actividad agrícola, y no solucionarían el problema de la laguna.

En concreto, se denuncia la vulneración del derecho a la libertad de empresa y de propiedad recogido en la Constitución "ya que la ley ha desnaturalizado y dejado de ser reconocibles y practicables los derechos agrícolas", así como la parte de la ley que "viola el principio de igualdad porque no es constitucional que la agricultura en el Campo de Cartagena esté sujeta a un régimen jurídico que no se aplica en ningún otro lugar".

Al respecto, hacen hincapié en que esa singularidad jurídica de las explotaciones agrícolas del Mar Menor es un agravio "máxime cuando la normativa europea habla de la necesaria compatibilidad de la agricultura y el medio ambiente. Y todo ello sobre la base de que “el poder público, que no soluciona la obligación normativa de compatibilizar agricultura y medio ambiente, busca un culpable al que trasladar las responsabilidades a fin de eludir las suyas propias”.

Tras reconocer, no obstante, que la ley es positiva en muchos aspectos, critican que es "letal" para su sector porque, entre otras razones, fija un régimen sancionador específico que penaliza exclusivamente a la actividad agraria, "mientras que no contempla apenas sanciones para el resto de las actividades humanas cuya implicación en la degradación del Mar Menor está demostrada".

También critican que se permitan "expropiaciones encubiertas del uso de las tierras y abocarlas a convertirse en campos con placas solares" y que esté basada en un "diagnóstico falso" del problema del Mar Menor, que no tiene en cuenta el "principal factor contaminante de la laguna, las aguas residuales".

Desde la Fundación Ingenio expresan su “perplejidad por el maltrato” del Gobierno de Fernando López Miras a un sector decisivo para la Región de Murcia, y subrayan que la agricultura es la actividad económica más potente de un territorio que es considerado la “despensa de Europa”.

La iniciativa para sumarse a la demanda sigue abierta, así como la campaña informativa y de asesoramiento a los agricultores, de tal forma que se espera que otros muchos productores se unan a la demanda en las próximas semanas, concluye esta organización.