La Comunidad prevé aflorar 40,5 millones de euros con un plan contra el fraude fiscal
La iniciativa se estructura en 3 líneas estratégicas como son: la prevención, la lucha contra el fraude, y la búsqueda de alianzas estratégicas.
La Comunidad ha puesto en marcha el Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal 2021-22, dotado con 1,2 millones de euros, que busca recuperar 40,5 millones de euros durante los dos próximo años.
Esta es una de las 32 medidas que incluye esta iniciativa, que se enmarca en el Pacto Regional por el Diálogo Social y que ha sido coordinado y consensuado con los sindicatos CCOO y UGT y con la CROEM.
El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, ha expuesto este lunes los principales detalles de este plan junto con los secretarios generales de CROEM, José Rosique, y de estas dos organizaciones sindicales, Santiago Navarro y Antonio Jiménez.
Esta iniciativa se estructura en 3 líneas estratégicas como son: la prevención, la lucha contra el fraude, y la búsqueda de alianzas estratégicas. En la primera línea se pondrán en marcha un total de nueve medidas de tipo tributario y de divulgación, información y concienciación sobre el grave perjuicio que genera el fraude fiscal al conjunto de la sociedad.
A través de este plan, y durante sus dos años de vigencia, se estima que se puedan recuperar 40,5 millones de euros, lo que supone que por cada euro invertido se recuperarían 32,84 euros para las arcas públicas.
Una de las nueve medidas incluidas en este eje estratégico de la prevención, y a las que se destinan un total de 380.000 euros, es el nuevo modelo estratégico de atención al contribuyente, que contempla una oficina de atención y defensa, la digitalización y las nuevas tecnologías.
La segunda de las líneas, la lucha contra el fraude, contiene 12 medidas a las que se destinarán un total de 153.000 euros. Entre ellas figura, por ejemplo, la creación de un buzón de denuncias que se pondrá a disposición de los ciudadanos para que puedan colaborar en la detección del fraude fiscal.
La última línea, la búsqueda de alianzas estratégicas, contiene seis medidas que no conllevan un coste adicional y que están orientadas a impulsar la colaboración con entidades, organizaciones o personas implicadas en la gestión de tributos y, por tanto, en la lucha contra el fraude.