La UMU y la UPCT ponen encima de la mesa las condiciones laborales en la agricultura de la Región
En el marco de la jornada Implicaciones de la reforma laboral en el sector agrario regional, se ha presentado el estudio “Condiciones laborales en la agricultura de la Región de Murcia” en la sede del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
El estudio ha sido realizado por un equipo de investigadores de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, dirigido por la profesora María López Martínez, del Departamento de Economía Aplicada, y ha contado con la coordinación del Director del Servicios de Estudios del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Patricio Rosas Martínez.
Como complemento a la explotación estadística y documental, los autores recabaron las opiniones de varios panelistas implicados en el sector, en concreto, representantes de organizaciones empresariales y sindicales, así como responsables de la Inspección de Trabajo y del Servicio Público de Empleo Estatal.
La Región de Murcia muestra una intensa especialización en el sector agrario, especialmente en cuanto a ocupación, donde aporta un 9% del empleo del sector nacional, reduciéndose esta participación al 5,2% en términos de valor añadido. En promedio, en el periodo 2008-2020, más de 70.000 personas se encontraban ocupadas en la agricultura murciana, lo que representa un 12,4% del empleo regional.
Tal como se señala en el estudio, la agricultura constituye una actividad estratégica por sus impactos económicos, sociales y medioambientales, además de presentar importantes singularidades. En cuanto a las condiciones laborales, la profesora López Martínez ha afirmado que “estas peculiaridades se plasman en elevadas tasas de temporalidad, masculinización, siniestralidad laboral o bajo nivel de formación, entre otras. En el caso concreto de la Región de Murcia, muy especializada en la actividad agraria, el estudio de sus condiciones laborales adquiere una especial trascendencia”.
Las características del contrato y la jornada laborales, las medidas de prevención de accidentes, los servicios e infraestructuras existentes en el lugar de trabajo, el nivel de retribución o la formación recibida, no sólo inciden en las condiciones del trabajador agrario sino también en su productividad y, por tanto, en la capacidad competitiva de las empresas agrarias.
El análisis realizado pone de manifiesto la existencia en la Región de Murcia de niveles de salario y productividad inferiores en un 15% a los de España. En términos de siniestralidad laboral, los índices de incidencia son superiores a los españoles, tanto en el sector agrario como en el conjunto de su economía, en buena medida por el modelo productivo y por el alto peso de la mano de obra inmigrante.
Pese a que se ha avanzado en materia de prevención de riesgos laborales, los panelistas que han colaborado en el estudio consideran que su cumplimiento aún es mejorable, señalando las peculiares características del sector y las enormes dificultades que ponen en riesgo la viabilidad de la agricultura, como algunos de los factores que condicionan su efectividad. Adicionalmente, se apuntó la incertidumbre ante la reforma laboral de 2021.
Como ha señalado en la presentación el profesor José Carlos Sánchez de la Vega, miembro del equipo investigador, “a partir del análisis realizado y de las opiniones obtenidas en las entrevistas en profundidad, se ha elaborado un decálogo de propuestas para la mejora del sector y, en particular, de sus condiciones laborales”.
A juicio de los autores del estudio, en primer lugar, es preciso abordar la mejora de las condiciones laborales del sector agrario desde una perspectiva global. Igualmente, reconociendo la necesidad de reducir la elevada temporalidad en el sector, se entiende que debe reconocerse la peculiar casuística del sector.
En el estudio se hace un llamamiento a todos los colectivos implicados, incluidas las Administraciones Públicas, para conseguir reducir el número de convenios actualmente vigentes. En relación al punto anterior, se hace preciso continuar progresando en un marco normativo que acometa los déficits en las condiciones del trabajo agrícola.
También se apunta la posibilidad de explorar alternativas en las que las cooperativas agrarias desarrollen instrumentos que refuercen la colaboración en materia de contratación de mano de obra en las explotaciones asociadas.
Se considera igualmente necesario reforzar los instrumentos de formación en todas sus fases, así como abordar el relevo generacional en las pequeñas explotaciones reforzando el movimiento cooperativista y las acciones para atraer a los jóvenes al medio rural.
Por último, se plantea la necesidad de reforzar la coordinación entre las diferentes Administraciones implicadas para garantizar la seguridad jurídica en las relaciones laborales y se propone una comisión de seguimiento que propicie un mayor diálogo social y que, incluso, se encargue de realizar la oportuna valoración y seguimiento del impacto de la Reforma laboral.