El operador de un salón de juego en Alcantarilla no ha hecho lo suficiente para mantener alejados a los jugadores autoexcluidos. Ahora pagará el precio, indemnizando a uno de ellos 6000 € al que dejó entrar a sus instalaciones a jugar a pesar de figurar en el registro de auto-denunciados.

La empresa, propietaria de dos salas de juego y apuestas ubicadas en Alcantarilla, tendrá que rascarse el bolsillo tras se condenada a indemnizar a un joven apostador por no impedirle el acceso a sus casinos. Y ello a pesar de que su nombre figura en la lista de jugadores autoexcluidos del Servicio de Juego de la Agencia Tributaria.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Murcia aprobó el pago por "daño moral". Sin embargo, atenuó la reclamación original de casi 18 000 € que supuestamente el hombre había gastado durante diez meses. El jugador había tratado de encontrar un juez más sensible en la Audiencia Provincial para hacer cumplir la reclamación original, pero perdió.

La resolución de la Audiencia Provincial sólo pudo estimar parte de la demanda. Contrariamente a las negativas de la empresa, el tribunal verificó que el entonces joven de 25 años accedía a áreas de juego de sus locales.

En su apelación ante el tribunal superior, el hombre alegó que estaba en el registro de autoexclusión debido a su adicción al juego. Agregó que también estaba en tratamiento terapéutico por lo que denominó un trastorno grave y persistente.

A pesar de esto, agregó, pudo ingresar a las salas de juego durante varios meses. En todas esas visitas, los empleados de las propiedades nunca lo detuvieron ni lo cuestionaron.

Rastro digital de evidencia

La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia indica que realizó más de 140 operaciones de máquinas recreativas. El historial de la tarjeta del jugador confirmó las transacciones. El tribunal agregó que el extracto de la cuenta bancaria confirmó su versión. Reveló el uso de la tarjeta bancaria del individuo en las salas de juego en numerosas ocasiones.

El fallo agregó que las pruebas aportadas al juicio fueron insuficientes para probar lo que realmente gastó en el juego. También fue imposible determinar si finalmente ganó o perdió. Como resultado, el tribunal determinó que no era posible cumplir con su solicitud de llegar a un acuerdo por el monto original.

España ha pasado los últimos dos años trabajando para mejorar sus esfuerzos de autoexclusión. Anteriormente, cada una de las 17 comunidades autónomas del país mantenía su propia lista. Sin embargo, en 2020 acordaron trabajar en una base de datos centralizada para todo el país.

El esfuerzo parece estar funcionando. La Dirección de Ordenación del Juego, el regulador del juego del país, reportó un aumento interanual del 13,6% en el número de personas en la lista en 2021.