Fundación Ingenio pide el cese de las medidas que restringen la actividad agrícola en la zona del Mar Menor
La entidad alega en un escrito que las medidas cautelares en la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena aprobadas por la CHS han caducado y carecen de evidencia científica que justifique su mantenimiento.
Fundación Ingenio ha presentado ante la Confederación Hidrográfica del Segura un escrito de denuncia en el que solicita el cese inmediato de la aplicación de las medidas cautelares adoptadas por este organismo, que restringen desde 2020 la actividad agrícola en la zona del Mar Menor y blinda el acuífero del Campo de Cartagena por considerar dicha masa de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Las justificaciones presentadas por Fundación Ingenio argumentan además que la prórroga sine die de dichas medidas cautelares se ha realizado sin aprobarse el preceptivo programa de actuación para cumplir con los objetivos medioambientales. Solicita por ello, que se revoque y deje sin efecto dicha prórroga, dirigida a la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena, y que se apruebe un programa de actuaciones para la recuperación cuantitativa y cualitativa de la masa de agua subterránea.
La Fundación denuncia de esta forma la ilegalidad de las medidas cautelares y cita entre sus alegaciones el artículo 56 de la Ley de Aguas, que recoge que la Junta de Gobierno de la CHS debería haber aprobado un programa de actuación para la recuperación de masa de agua en el plazo máximo de un año desde que se publicó de forma oficial la adopción de las medidas cautelares, en 2020. Al no haber ocurrido, “las medidas cautelares han caducado”, dice textualmente el escrito.
Para Fundación Ingenio, es la propia resolución con la adopción de las medidas cautelares la que limita la vigencia de las mismas a la aprobación del programa de actuación, por lo que a su juicio, el hecho de que la Administración mantenga vigentes las medidas cautelares contradice su propia naturaleza provisional y constituye un acto que carece de fundamento legal, con los importantes daños que por consiguiente se están derivando para los ciudadanos afectados.
“Nuestra organización es la única entidad de ámbito agrario que ha presentado denuncia, manifestando una vez más su lucha por la defensa de la agricultura, manteniendo la integridad ambiental del Mar Menor”, ha explicado Natalia Corbalán, directora de Fundación Ingenio.
Respecto a las alegaciones a nivel científico, el escrito presentado por la organización se hace eco del informe de la Comisión Europea de 2021 sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, que concluye de forma inequívoca que el Mar Menor no está eutrofizado (no contaminado por nitratos).
Además, el documento recoge las dudas que albergan científicos del Instituto Geológico Minero de España sobre la calidad de la red de control para monitorizar la concentración de nitrato y la constatación a nivel europeo de la falta de fiabilidad de algunos datos oficiales sobre los niveles de nitrato de aguas subterráneas. Por ello, la FI refleja la necesidad de revisar y eliminar las diferencias de la red de controles de cara a una correcta monitorización para una correcta evaluación de la situación.
Esta organización ofrece la máxima colaboración al organismo de cuenca en aras de aplicar aquellas medidas agronómicas que resulten contrastadas, eficaces, proporcionadas y medibles para mejorar el estado ambiental de la masa de agua subterránea y su conexión con la laguna costera. Ante la inminente aprobación del nuevo programa de actuación por parte del Gobierno regional, instrumento legal para la gestión de la problemática de nitratos, se insta a que se aplique criterios de coherencia, armonización y simplificación legislativa.
En cualquier caso, la presentación de este escrito de denuncia no paraliza los trámites con la CHS. Los regantes deben cumplir con las medidas cautelares ya que, en ningún caso, dicho documento paraliza su obligatoriedad, en tanto en cuanto no se resuelvan los recursos judiciales y administrativos interpuestos.