José Císcar (Ibidem Abogados): "Creo que hay un problema evidente de gobernanza del agua"

José Císcar es el director del departamento de derecho administrativo de Ibidem Abogados y buena parte de su actividad profesional se centra especialmente en el Derecho de Aguas.

Císcar, entre sus responsabilidades institucionales, ha sido Alcalde de Teulada-Moraira (1999-2009) y en la Generalitat Valenciana ha ejercido los cargos de Delegado del Consell en la provincia de Alicante (2009-2011); Conseller de Educación, Formación y Empleo (2011); Vicepresidente del Consell y Conseller de Presidencia (2012-2015); Conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (2013-2015) y Diputado en las Cortes Valencianas.  

- En este sentido, ¿Cuáles son los asuntos en esta materia que lleva el despacho y que afectan a la Región de Murcia? 

Todo tipo de asuntos en materia hídrica, ya se trate de la vía administrativa ante organismos y entidades públicas o de la vía contenciosa ante los tribunales de justicia. Asimismo, sin salir del área del derecho administrativo, el despacho tiene profesionales preparados y un volumen importante de trabajo en otros asuntos, fundamentalmente de contratación pública y urbanísticos.

- ¿Qué tipo de clientes defienden actualmente?

Básicamente, el despacho esta orientado a las empresas, con independencia de su tamaño, en sus relaciones con las Administraciones Públicas. En materia de derecho de aguas, representamos también a comunidades de regantes.

- ¿,Qué tipo de contenciosos mantiene su despacho con la Administración?

Ahora mismo hemos interpuesto varios recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023, por el que se aprueban los nuevos planes hidrológicos. En materia de aguas y medio ambiente, defendemos también a nuestros clientes ante el Tribunal Superior de Justicia en procedimientos sancionadores iniciados por la CHS, reconocimiento de usos consolidados, procedimientos de restituciones de cultivos instados por el Gobierno regional al amparo de la Ley 372020, de recuperación y protección del Mar Menor, expedientes relacionados con la PAC, etc.

-¿Las últimas decisiones del Gobierno central sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura pone en riesgo la agricultura en la Región?

Por supuesto. Va a suponer una disminución notable de los caudales trasvasables y ello constituye un duro golpe no sólo a la agricultura, sino a una manera de entender el regadío que ha significado muchos puestos de trabajo y prosperidad para muchas familias. En España, los trasvases han pasado en poco tiempo de considerarse una herramienta ordinaria más de la planificación hidrológica, a estar poco menos que demonizados y eso es un error que no nos podemos permitir.

El Tajo-Segura es una infraestructura estratégica no solo para Murcia, Alicante y Almería, sino para el conjunto de España, pues conecta hasta cinco demarcaciones hidrográficas, con la potencialidad que ello conlleva. Se trata de una infraestructura que vertebra el territorio, lo que ha permitido ampliar sus objetivos iniciales; por ejemplo, los trasvases para socorro ambiental de las Tablas del Daimiel o los abastecimientos urbanos a la provincia de Albacete.

De hecho, si España contara con tres o cuatro infraestructuras hídricas más como el acueducto Tajo-Segura repartidas por su territorio, se podría socorrer a cualquier zona con problemas de sequía de manera casi instantánea.

- ¿Cree que los regantes aún no lo tienen todo perdido?

Creo que no. Los caudales ecológicos que la nueva planificación hidrológica pretende implantar en determinados tramos del río Tajo y que tanto perjudican al trasvase, obedecen más a criterios ideológicos que técnicos, por lo que su anulación judicial no es en absoluto descartable.

-¿Cuántos empleos están en riesgo en la Región por la actual planificación hídrica del Gobierno?

Si desapareciera, en toda el área regable del trasvase Tajo-Segura se estima que podrían perderse más de 110.000 puestos de trabajo.

-¿La desalación es la solución?

Es un complemento, un recurso más, pero no creo que sea la solución.

-¿La guerra del agua no terminará nunca?

Mientras sólo haya una visión ambientalista mal entendida de lo que el agua significa, el problema va para largo.
Desde mi punto de vista, hay que entender la sostenibilidad como una mesa de tres patas: la pata de la la sostenibilidad ambiental, la de la sostenibilidad económica y la de la sostenibilidad social.

En esa mesa de tres patas comemos nosotros y tendrán que comer después nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Si una de las tres patas se rompe, la mesa se cae y en ella ya no come nadie. Por lo tanto, debemos hacer lo necesario para que esa mesa de la sostenibilidad no se rompa. Pero tan importante como la pata ambiental, lo son las otras, dos: el agua es también un recurso económico y social. Pretender que la mesa se sujete sólo sobre una pata, la ambiental, como parece que quieren algunos, es un error monumental. Hay que buscar siempre el necesario equilibrio.

-¿Es necesario invertir en nuevas infraestructuras hídricas?

Creo que hay un problema evidente de gobernanza del agua. Tal y como destacó el profesor Jaime Lamo de Espinosa en su estudio “El agua en el mundo. El mundo del agua”, si bien España es un país árido, no es un país
seco en cuanto a la abundancia de lluvia. El problema radica en la distribución. En efecto, la aportación total de la red fluvial española (escorrentía superficial directa y subterránea) es de unos 110.000 hm 3 /año, mientras que la demanda real por todos los conceptos se cifra en 35.000 hm 3 /año. Por lo tanto, restan unos 76.000 hm 3 /año que, por supuesto, cumplen una función ambiental absolutamente necesaria pero, sin dejar de atender esos
requerimientos y necesidades ambientales de nuestros ríos, hay agua suficiente para cubrir las necesidades de aquellos territorios con carencias hídricas como lo es el sureste español, eso sí, con las infraestructuras adecuadas que hoy no existen. Por lo tanto, el problema de agua tiene solución. Habría que apartar la ideología y dejar trabajar a los expertos.