El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reunió este lunes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para expresar “nuestra posición de defensa del sector agrario y de los dos millones y medio de ciudadanos de nuestras regiones a los que abastece el trasvase Tajo-Segura”.
En este sentido, aseguró que “este no es un frente contra nadie” y mostró “una clara voluntad de diálogo, compromiso y cogobernanza para tomar decisiones orientadas a seguir haciendo más España y mantener intacto el trasvase Tajo-Segura”. Asimismo, subrayó que “quien quiera atacar al trasvase nos va a encontrar unidos y en perfecta sintonía”. “Con el trasvase se construye nación, se hace mejor a España y desde hace 42 años es garantía de progreso, de avance, de empleo y de freno a la desertización”, remarcó López Miras.
Mostró su “preocupación por el interés del Ejecutivo central de cerrar el trasvase, tal y como manifestó hace hoy tres años el propio presidente del Gobierno”, y explicó que “si se lleva a cabo la propuesta unilateral de las normas de explotación del Tajo-Segura se va a reducir casi un 50% de los caudales que se reciben y eso va a afectar a muchas familias”.
“La tierra de Almería, de Alicante y de la Región de Murcia es productiva por sí, pero sin agua dejaría de contribuir como lo hace a la riqueza de España, a alimentar a tantos miles de personas como ha quedado de manifiesto, precisamente, en esta pandemia”, remarcó el presidente, quien puso en valor que “durante los primeros meses, con España confinada, el sector agroalimentario fue visto por todos como esencial”. “Hoy, sin embargo, se pone en riesgo su permanencia y la de decenas de miles de empleos”, dijo, para añadir que “los excelentes agricultores del levante español necesitan esa infraestructura para seguir siendo uno de los ejemplos en el uso del agua en toda Europa y el mundo”.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. Durante el encuentro que mantuvieron hoy los presidentes de la Región de Murcia y Almería, firmaron una declaración institucional en la que ambos reivindican que “el Gobierno de España debe abordar cuanto antes la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que contemple los principios de solidaridad y equilibrio, y que ponga solución a la situación hidrológica deficitaria que padece la España seca”.
Asimismo, reclaman “que se lleven a efecto las inversiones precisas en Castilla-La Mancha en materia de depuración y saneamiento, así como en regadío y abastecimiento, para evitar tanto la contaminación del río Tajo como para permitir el acceso a las aguas del trasvase a la población y los regantes de dicha comunidad autónoma” y enfatizaron la necesidad de que “se garanticen las condiciones actuales del Trasvase Tajo-Segura y se reconozca como infraestructura esencial para el sostenimiento de los sectores productivos del Sureste español y el desarrollo de este territorio, así como para el bienestar de cuantos dependen de su abastecimiento, evitando, para ello, medidas como la modificación de las reglas de explotación o el anunciado establecimiento de unos caudales ecológicos en el río Tajo superiores a los actualmente en vigor”.
“La cuestión hidráulica es un asunto de Estado, y que como tal ha de ser abordado y regulado, considerando que en España hay excedentes de agua para llevar de donde sobra a donde hace falta”, recoge la declaración institucional, que también refleja que “la Constitución Española reconoce tanto la solidaridad entre nacionalidades y regiones como el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, incidiendo en que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.
El trasvase Tajo-Segura aporta solidaridad y riqueza al conjunto del país, con un impacto en el PIB español de más de 3.000 millones de euros y generando 110.000 puestos de trabajo directos y otros 250.000 indirectos. Beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 55 millones de árboles frutales, favoreciendo la lucha frente al avance de la desertización y los efectos del cambio climático, ya que permite eliminar al año más de un millón de toneladas de CO2 gracias a los cultivos y árboles que riega.
