Díez de Revenga: "El Gobierno ha pasado la patata caliente de los VTC a las CC AA"
El Gobierno regional exigió al Estado que retire la nueva regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que se ha tramitado de “urgencia y de espaldas a las administraciones públicas” y con la que se ha trasladado la “patata caliente” a las comunidades autónomas.
El director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, participó en la reunión de la Comisión de directores generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas, en la que el Ministerio de Fomento ha informado del nuevo Real-Decreto ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros.
La nueva regulación, aprobada por el Gobierno central y que será debatida en el Congreso de los Diputados, obliga a las comunidades y ayuntamientos a regular las licencias de VTC en ámbito urbano, incluidos horarios y tarifas.
El director general criticó que el procedimiento aplicado por el Gobierno de España es “irregular porque se ha hecho por la vía de urgencia mediante un real decreto ley y en cambio incluye una moratoria de cuatro años para su aplicación”. “Esto no tiene ningún sentido”, subrayó.
Díez de Revenga destacó que el texto normativo “transfiere un problema entre el taxi y los vehículos VTC a las comunidades autónomas, que creó el Estado sin las soluciones necesarias ni la dotación económica que requiere solucionarlo”.
“El Ministerio llega tarde y mal”, declaró José Ramón Diez de Revenga, que puso de manifiesto que se ha convocado esta reunión “ante el clamor de las autonomías que no han conocido la normativa y su impacto de hasta verla publicada en el Boletín Oficial de Estado”.
El director general mostró su malestar ante una regulación “de espaldas a sus protagonistas”, por lo que espera que no pase el examen del Congreso, y solicitó una solución de Estado al actual conflicto entre el taxi y los vehículos VTC. “Por responsabilidad tienen que actuar con celeridad y resolver esta cuestión, y no dar patadas para delante con una moratoria de cuatro años porque hay muchos empleos que dependen de este sector”, explicó.