El Tribunal Contractual da la razón a las empresas de transporte escolar de FROET y paraliza el convenio marco
La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia pide al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que “tome cartas en el asunto.
El Tribunal de Recursos Contractuales ha respaldado los argumentos del recurso presentado por las empresas de autobuses escolares de FROET contra el convenio marco del transporte escolar elaborado por la consejería de Educación y ha ordenado su paralización cautelar.
Desde el Departamento de Viajeros de FROET recordaron que, “pese a los intentos de dialogar con la Consejería para evitar esta situación, la cerrazón de su responsable obligó a las empresas de autobús escolar a emprender diversas acciones de protesta para defender sus derechos, persistiendo el Gobierno regional en ignorar los argumentos del sector”.
En este sentido, el Departamento de Viajeros de FROET lamentó que el Gobierno regional rechazara la colaboración del sector para trazar una radiografía actualizada del transporte escolar en la Región de Murcia, muy alejado de la visión de la Consejería, que defendía unos precios hasta un 30% inferiores a los costes empresariales y unas condiciones laborales que precarizaban el empleo de conductores y monitores.
Ante este “varapalo” a la actuación de la Consejería, la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia pide al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que “tome cartas en el asunto y prime el servicio público que supone la prestación del transporte escolar frente a la política”.
De hecho, el convenio marco no es el único punto de fricción entre la consejería de Educación y las empresas de transporte escolar, ya que todavía siguen pendientes de abono los desdobles de expedición realizados en el curso 2020-2021 debido al coronavirus, al igual que las ayudas por la paralización derivada del estado de alarma.
Además, las empresas se han encontrado con la desagradable sorpresa de, pese a haber consultado previamente el procedimiento, tener que rectificar las facturas de un mes después de haberlas presentado siguiendo las instrucciones facilitadas, lo que por parte del sector se entiende como un intento de retrasar los pagos. Por no mencionar que la liquidación del curso escolar “ni se ha planteado”.