La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros).
Se trata del escrito de acusación de la Fiscalía en el procedimiento que ha seguido el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, de cara al futuro juicio para el que aún no hay fecha, según ha informado el Ministerio Público.
La Fiscalía imputa al entrenador del Real Madrid dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que Ancelotti afirmó que era residente en España y reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del club madridista y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.
En su escrito el Ministerio Público subraya que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen", tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, el técnico acudió a un "complejo" y "confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.
Relata que Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato como entrenador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2016 por el que cobraría rendimientos de trabajo y rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club. El contrato cesó en mayo de 2015 pero Ancelotti siguió viviendo en Madrid hasta finales de ese año.
La Fiscalía sostiene que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen", el técnico acudió a un "complejo" y "confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas, de manera que "simuló" la cesión de sus derechos de imagen a entidades "carentes de actividad real" y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España.
Para la Fiscalía el técnico madridista perseguía "la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y la ocultación del beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país".
