El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería de Economía y Empresa, ha aprobado el Decreto por el que se regula el Consejo Asesor Regional de Mecenazgo, previsto en la Ley 4/2022, de 16 de junio, de Mecenazgo de la Región de Murcia.
Se trata de un nuevo órgano integrado en la Administración regional, de carácter consultivo y asesor de la misma, en materia de colaboración público-privada en la financiación de proyectos o actividades de contenido cultural, artístico, científico y tecnológico o de investigación, social, medioambiental, deportivo, museístico, de restauración y conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural, que se desarrollen en la Región de Murcia.
El Consejo Asesor Regional de Mecenazgo se constituirá en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto que este jueves se aprueba, y tendrá un mandato de cuatro años.
La Ley de Mecenazgo de la Región de Murcia promueve la puesta en marcha de mecanismos que favorezcan el desarrollo cultural, deportivo y científico a través del mecenazgo en todas sus vertientes, dentro del marco legal estatal y en desarrollo de las competencias propias de la Comunidad.
Además, pretende el establecimiento de medidas fiscales, el fomento de la cultura de mecenazgo y estimular la colaboración público-privada con una serie de acciones y medidas que potencien las sinergias necesarias que favorezcan la colaboración de los ciudadanos, las empresas y las administraciones en el desarrollo de las materias determinadas en la Ley.
Para articular esa colaboración y participación se crea el Consejo Asesor Regional de Mecenazgo, entre cuyas funciones se encuentran propiciar una acción coordinada de las distintas administraciones públicas en la participación privada en la realización de los proyectos o actividades objeto de la citada ley; estimular la participación ciudadana e institucional en la financiación de actividades de interés general; actuar como órgano de consulta y asesoramiento de las medidas para el impulso del mecenazgo y de promoción de la cooperación entre el sector público y privado; proponer modificaciones normativas con el objeto de incrementar las actuaciones de mecenazgo; o facilitar a las entidades demandantes de mecenazgo los mecanismos para potenciar la incorporación de los más reconocidos mecenas a sus órganos de gobierno, dirección o asesoramiento.
