LEYES

El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley para impulsar la economía social

La vicepresidenta, Yolanda Díaz, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Entre otros cambios, esta norma pretende crear un registro de cooperativas y reforzar los recursos contra el fraude laboral.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Lmpulso de la Economía Social que, entre otros cambios, crea un registro de cooperativas y refuerza los recursos contra el fraude laboral.

Según detalla en una nota el Ministerio de Trabajo, esta norma, que se vuelve a tramitar tras decaer por el adelanto electoral de 2023, incluye modificaciones en la ley de cooperativas, la de empresas de inserción y la de economía social.

"Se ataja el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización", destaca Trabajo, que recuerda que los cambios cuentan con el apoyo del sector.

En las cooperativas, la fórmula empresarial de la economía social más usada, las de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

También deberán contar con planes de igualdad cooperativos y habrá más recursos para evitar el uso abusivo de esta fórmula.

"Añadimos recursos y garantías para luchar contra el fraude de algunas empresas que utilizan la fórmula cooperativa para evitar cumplir la ley laboral", ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

También se introducen cambios en las empresas de inserción -las que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad- para garantizar su competitividad y que sean pasarelas a la contratación indefinida en empresas ordinarias.

Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.

La economía social -conformada por cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades- representa en España el 10% del PIB y da empleo a más de 2,2 millones de personas.

En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres.