El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Lmpulso de la Economía Social que, entre otros cambios, crea un registro de cooperativas y refuerza los recursos contra el fraude laboral.
Según detalla en una nota el Ministerio de Trabajo, esta norma, que se vuelve a tramitar tras decaer por el adelanto electoral de 2023, incluye modificaciones en la ley de cooperativas, la de empresas de inserción y la de economía social.
"Se ataja el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización", destaca Trabajo, que recuerda que los cambios cuentan con el apoyo del sector.
En las cooperativas, la fórmula empresarial de la economía social más usada, las de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.
También deberán contar con planes de igualdad cooperativos y habrá más recursos para evitar el uso abusivo de esta fórmula.
"Añadimos recursos y garantías para luchar contra el fraude de algunas empresas que utilizan la fórmula cooperativa para evitar cumplir la ley laboral", ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
También se introducen cambios en las empresas de inserción -las que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad- para garantizar su competitividad y que sean pasarelas a la contratación indefinida en empresas ordinarias.
Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.
La economía social -conformada por cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades- representa en España el 10% del PIB y da empleo a más de 2,2 millones de personas.
En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres.
