La Ley de Aceleración Empresarial llega a la meta

Tras una ardua travesía, llena de puertos de la máxima categoría, la Ley de Aceleración Empresarial llega este jueves a la meta. Aun no se sabe si será la meta de los Campos Elíseos o una meta volante, pero lo que es seguro es que para esta controvertida norma este jueves 18 supone un punto de inflexión. Es posible que, pese a su aprobación, en la práctica no llegue a entrar en vigor, al menos en su totalidad, pues ya son varios los grupos que han anunciado que la recurrirán por no ajustarse al conjunto del ordenamiento jurídico y la Constitución.

La norma pretende dar facilidades a los empresarios, y sacar del 'limbo legal' a cerca de 20.000 empresas que, si bien no son ilegales, sí que están en tierra de nadie regulatoria. Se eliminan trámites, se apuesta por el turismo y los polígonos industriales, y se acortan los plazos en energía y medio ambiente.

La iniciativa legislativa, 'parida' por CROEM, Partido Popular y Ciudadanos, será votada en este día en la Asamblea Regional, y, dado que estos dos partidos conforman una mayoría, sus votos serán suficientes para que, si no hay novedad, la Ley salga adelante. Todo ello a pesar de la frontal oposición que han demostrado Partido Socialista y Podemos, junto con las principales organizaciones sindicales, que denuncian que su voz no ha sido oída en la elaboración del texto.

LOS EMPRESARIOS 'TOMARÁN' LA ASAMBLEA. La Ley de Aceleración Empresarial se ha convertido en uno de los proyectos estelares del Gobierno López Miras, y también en una de las grandes aportaciones de la CROEM durante esta legislatura. La Patronal ha estado muy presente en la elaboración de la norma, y también lo estará durante la sesión parlamentaria en la que se discutirá su aprobación. El presidente, José María Albarracín, el secretario general, Pepe Rosique, y el vicesecretario, Ramón Avilés, estarán en la tribunal de la Asamblea, y no solos, pues serán bastantes los empresarios que les acompañarán en el hemiciclo.

No será un mero trámite, pues desde principios de agosto, cuando se anunció el acuerdo escenificado en un apretón de manos de Albarracín, Miguel Sánchez (Cs) y Domingo Segado (PP) han sido numerosas las voces en contra de esta propuesta.

Entre ellas, sonó con fuera la oposición de la secretaria general de la Asamblea, Encarna Fernández Simón, junto con la letrada de la Asamblea Irene Bas, quienes plantearon importantes reparos a parte del articulado, anticipando incluso que es previsible que el Supremo acabe tumbándolo. Ante ello, Albarracín, en declaraciones a este diario hace unos días, mostró su confianza en el equipo que ha participado en la elaboración de la Ley, recordando que en la primera Ley de Aceleración el 99,5% del artículado pasó intacto por el tamiz de los tribunales.

LAS MEDIDAS. Básicamente, la Ley de Aceleración Empresarial constituye un compendio de medidas para quitar obstáculos a quienes quieren emprender o invertir para ampliar su actividad. Se centra principalmente en dos áreas: el medio ambiente y el turismo. Estas son algunas de las medidas más llamativas de la ley:

• LICENCIAS. La regularización de actividades de gran parte de las empresas que no dispongan de licencia de actividad por disconformidad con la planificación urbanística será posible gracias a la técnica de usos provisionales, que ya regula la Ley 13/2015 de ordenación del territorio y urbanística, pero habilitando un procedimiento especial que permitirá que los ayuntamiento puedan otorgar una licencia definitiva, una vez subsanadas las discrepancias con el planeamiento urbanístico.
• TURISMO. Declaración de proyectos de interés turístico, la constitución de hoteles en propiedad horizontal e incentivos de edificabilidad para renovación hotelera del 20, 30 y 40% para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, respectivamente, para "obtener una oferta hotelera de calidad similar a nuestros competidores".
• POLÍGONOS INDUSTRIALES. El objetivo es atraer inversores, que tendrán más información sobre dónde ubicar sus proyectos. Se incentivará la competencia entre polígonos industriales y se evitará el deterioro y abandono de los mismos. Creación de una Comunidad de Gestión del Área Industrial, para la mejora de la gestión y modernización de las áreas industriales y la categorización de los polígonos industriales en 'elemental', 'avanzado' y 'superior' en función de la dotación de infraestructuras y servicios que ofrecen, y que determinarán el precio del suelo industrial.
• AYUNTAMIENTOS. Las empresas presentarán toda la documentación que le sea de aplicación según la legislación vigente para obtener una resolución municipal de compatibilidad urbanística, que será la llave para poder iniciar los trámites de la licencia de actividad provisional. Esta licencia se otorgará por el ayuntamiento cumpliendo con lo estipulado en las legislaciones sectoriales que le aplique, incluida la medioambiental.
• ENERGÍA Y RENOVABLES. Agilización de la implantación de huertos solares en suelo no urbanizables. Reducción de plazos en el suministro de energía eléctrica a las empresas.
• MEDIO AMBIENTE. Simplificación medioambiental con la agilización de títulos habilitantes, el desarrollo de una plataforma telemática, u órganos sustantivos para la evaluación ambiental de proyectos. Reducción de plazos de las autorizaciones ambientales autonómicas. Concretamente, la reducción de plazos para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada y las Autorizaciones Ambientales Sectoriales. En la primera, se pasa de diez a nueve y en las segundas, de seis a tres meses.
• ACELERACIÓN DE PROYECTOS. Puesta en marcha de la UNAI inmobiliaria y de la UNAI turística, con el objetivo de coordinar y agilizar los proyectos empresariales de estos ámbitos de actuación o una carpeta empresarial.

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