400.000 millones de euros. El equivalente al PIB de Dinamarca o Emiratos Árabes. Esta descomunal magnitud, de difícil calibre, representa el dinero que España destinará entre 2023 y 2024 al pago de las pensiones. Un 42% del total de los PGE… y en aumento, pues lejanos quedan los 58.243 millones de principios de milenio.
Una inversión que aúpa la deuda pública española hasta máximos históricos. Una tendencia que solo augura futuros recortes conforme los gobiernos continúan eludiendo el debate, comprometiendo el bienestar futuro de su población. Y la decisión de indexar las pensiones a un IPC desbocado, en año electoral, es el peor exponente de esta desidia política.
En España rige el Sistema de Reparto. Es decir, las cotizaciones detraídas hoy de los trabajadores sufragan la jubilación de los actuales pensionistas, ligando su futuro al destino de la próxima generación.
Un método tradicionalmente generoso, basado en el último salario percibido. De hecho, según el Banco de España, los pensionistas reciben, de media, hasta un 74% más del valor realmente cotizado. Un fenómeno que se agravará en el tiempo conforme el efecto sustitución (las bajas son menos y de inferior cuantía que las altas) se profundice.
Y es que, aunque la pensión media ronda los 1.371 euros, superiores al salario mínimo, las nuevas altas sobrepasan ya los 1.764. Un 17% superior al salario mediano en España de 1.506 euros, un 84% del medio, de 2.097 euros. No hay que extrañarse, por tanto, que la pensión mensual en España sea la 7ª más elevada de la OCDE, a solo 400 euros de Noruega, en 1ª posición. Incluso a pesar de mantener un sueldo medio 3.000 euros inferior al noruego.
Un régimen voraz que obliga, como vemos en la nueva iniciativa del Gobierno, a incrementar la presión fiscal de los contribuyentes, coartando cualquier iniciativa de ahorro. Una quiebra de la solidaridad intergeneracional mediante la cual los trabajadores de ayer reciben más de lo cotizado y, los de hoy, abonan más de lo que recibirán mañana.
Un fraude que, como toda estafa piramidal, fracasa cuando se frena la inercia de altas. Una senda que transitamos con la jubilación de la generación del Baby Boom. Bajas que el paulatino freno de la natalidad impedirá compensar. Y con la disminución de la población en edad de trabajar, nos encaminamos a un escenario de un trabajador por pensión.
En otras palabras, que a cada trabajador le corresponderá sufragar, por sí mismo, su propio sueldo y el de un pensionista. Y sin contar, claro está, el resto del gasto público estatal en educación, infraestructuras, sanidad y, por supuesto, la creciente masa salarial funcionarial.
¿La solución? Se podría argüir que el traslado a un sistema de capitalización, donde cada trabajador guarde sus ahorros en una especie de hucha de inversión que pueda usar al retirarse. Sin embargo, aunque este método nos protegería del envejecimiento demográfico, España llega, una vez más, tarde, a la carrera del progreso frente a países más previsores como Australia.
La súbita aplicación de un sistema de capitalización implicaría suspender las pensiones actuales, obligar a los jóvenes a cargar con ambas modalidades, gargantuescos volúmenes de deuda pública o una mezcla de todas estas opciones. Opciones inasumibles, política y socialmente.
¿Estamos entonces condenados a la quiebra? Parece que los sucesivos Gobiernos esperan la obligación definitiva de Bruselas, el camino griego de recortes masivos, para acometer el problema. Sin embargo, existe otra alternativa a glosar próximamente: las Cuentas Nocionales y el ejemplo sueco.
