El traslado de la sede social de Ferrovial, la tercera mayor constructora española tras ACS y Acciona, ha conseguido galvanizar la coalición justo en uno de sus peores momentos. Así, el Gobierno en pleno ha tratado de enfocar el debate hacia la propia integridad del presidente de la constructora, Rafel del Pino: “mal español”, “poco patriota”, “codicioso”, “empresa pirata”…
Unos descalificativos que, incluso, han alcanzado tintes intimidatorios desde el Congreso, amenazando con leyes cercanas al famoso “¡Exprópiese!”. Sin embargo, Ferrovial es una empresa europea y, como tal, disfruta de la libertad de personas y capitales del Mercado Único. Por mucho que la realidad choque con el triunfalismo económico del Gobierno.
Y es que las razones aducidas por Ferrovial para justificar su decisión tienen una vertiente económica (“la jurisdicción crediticia AAA”), pero también otra política (“ordenamiento jurídico confiable y seguridad jurídica”).
Es obvio que España carece de un marco jurídico estable. La creación de impuestos ad hoc a banca y energéticas, impuestos a profesionales de éxito, una política fiscal extractiva, las pugnas por el salario mínimo, intentos de sabotaje contra las CCAA que eliminan obstáculos regulatorios o confiscatorios y la creciente inestabilidad de una política cada vez más intervencionista (todavía hoy no sabemos si se aprobará un tope al alquiler o un freno en las hipotecas), no contribuyen a generar, precisamente, un clima atractivo de inversión.
Tampoco la utilización de los empresarios como chivos expiatorios, satanizando a “los señores con puro” como responsables de los males de la nación, es una buena carta de presentación internacional. Menos aun cuando esta demonización viene acompañada de señalamientos personales, como en esta ocasión, con nombres y apellidos. Recordemos que, según el Banco de España, más del 50% del capital del Ibex 35 reside en manos extranjeros, adentrándose incluso en empresas estratégicas como Indra o Prisa.
Entre los aspavientos y descalificaciones del Gobierno, dos argumentos se han señalado desde la Moncloa. Primero, el aprovechamiento fiscal, tanto por parte de la empresa como de su dirigente. La falsedad es constatable, pues el ahorro impositivo de Ferrovial no superará los 40 millones de euros. Sí que se beneficiará, no obstante, de la mayor estabilidad crediticia holandesa, que le permitirá financiarse y endeudarse a un coste menor y más predecible gracias a su prima de riesgo más estable. Aspecto vital en un contexto de tipos al alza. No hay que obviar que, por ejemplo, el coste de los seguros para la cobertura de un posible default (CDS), son el triple de caros en España que en los Países Bajos.
Sin embargo, aunque fuese verdad, ¿es menos moral su huida de un sistema impositivo abusivo que mi éxodo checo en busca de un sistema laboral competitivo? Más aún cuando el 82% de los ingresos de Ferrovial y el 93% de sus inversores son extranjeros.
Pero más peligrosa es la idea reflejada por la Vicepresidenta al criticar su marcha porque “le debe todo a España (…) no resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país”. La pregunta pertinente es ¿qué nos debe Ferrovial? ¿Se trata de un reconocimiento implícito de prevaricación? Pues si existe dinero adeudado, ¿por qué el Estado no lo exige judicialmente?
Podemos considerar, sin embargo, que se refería a las grandes sumas que Ferrovial ha facturado en España al albur de importantes contratos públicos. Pero finalizado el contrato con ambas partes satisfechas ¿qué más compromete a la empresa? Si el trabajo, además de bien hecho, se obtuvo por presentar la oferta más económica y viable ¿no sería España quien debería agradecer su modernización? ¿O acaso insinúa el Gobierno la existencia de un supuesto, corrupto, trato de favor? Además, siendo Ferrovial una de las empresas con mayor proyección internacional de España y con sus negocios más saneados presentes en el extranjero, ¿nos debe más a nosotros que a ellos?
Bien haría el Gobierno en preguntarse las causas de este éxodo y ponerle freno. España, tras 15 años de freno económico, no puede permitirse que sus grandes empresas huyan del país. Más aun siendo parte de un mercado abierto como el de la UE.
