Solo la actividad productiva, la empresa, genera los recursos económicos que hacen posible el desarrollo social y económico, por lo que la formación y el emprendimiento son esenciales para la creación y el desarrollo de las empresas, y consecuentemente de la generación de riqueza a través de la remuneración del trabajo y del capital.
Son los recursos generados por la actividad empresarial, que se trasladan al Estado (Administración nacional, regional y local) a través de los impuestos, los que hacen posible la sociedad del bienestar. Cuando el gasto excede a los ingresos generando déficit y deuda, al final se ha de pagar con los recursos generados por la actividad productiva, pero es evidente que se penaliza a las siguientes generaciones al crearles obligaciones por un bien que ellos no han recibido.
El mapa recoge por comunidades autónomas, el porcentaje de empresas, ocupados y PIB sobre el total nacional, lo que nos permite conocer la realidad de cada territorio y los diferenciales existentes entre el porcentaje de empresas, el total y ocupados y singularmente su aportación al PIB, conforme a los datos publicados por el INE.
La Región de Murcia ocupa el 3,21% del total nacional y aporta al PIB nacional el 2,66%, Aragón ocupa el 2,85% y aporta el 3,10%, evidenciando la menor productividad de la Región y la necesidad de transformar la estructura productiva hacia actividades de mayor valor añadido, y esta realidad también se constata en el PIB y Renta por habitante que se sitúan en 15 y 18 puntos por debajo de la media nacional, prácticamente la misma situación que en el año 2007.
La empresa se enfrenta, hoy más que nunca, a cambios constantes y profundos, a cambios vertiginosos, en un entorno caracterizado por la no-distancia y la necesidad continuada de innovar para ganar en competitividad en un mercado cada vez más global, junto a las incertidumbres que conllevan los continuados cambios fiscales, jurídicos y laborales, y la imperioso necesidad de invertir y atraer talento, y la implantación de las nuevas tecnologías como herramienta básica para su desarrollo, por lo que el análisis continuado de las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la empresa, por ello es fundamental la seguridad jurídica, a la vez que el conocimiento de sus propias fortalezas y también de sus debilidades.
La empresa, como unidad productiva, se enfrenta al incremento de los costes laborales y sociales, según los últimos datos publicados por Cepyme el incremento de los costes generales a las pequeñas y medianas empresas ha crecido un 26,80% en los últimos cuatro años, y por el absentismo laboral que sigue creciendo, más de 1,4 millones de empleados faltan cada día a su puesto de trabajo, de ellos 308.000 sin justificar, según el Informe de Absentismo laboral del segundo trimestre de 2024 de Randstad.
A todo ello se suma el continuado incremento en fiscalidad, de todos es sabido que si los costes fiscales son excesivos, le restara capacidad inversora, lo que puede conllevarla a su viabilidad si afecta a su competitividad, dado que su supervivencia es consecuencia de su capacidad de superar las condiciones impuestas por el propio mercado, lo que viene ocurriendo con los impuestos a la Banca y a las Energéticas está conllevando inseguridad y por lo que se publica él que las inversiones se puedan perder, e irse a otros países incluso del entorno como Italia o Portugal.
La curva de Laffer, diseñada por el economista Arthur Betz Laffer, defiende que, en ocasiones, es precisamente, con rebajas fiscales como se recauda más (todo lo contrario de lo que viene ocurriendo en España en estos últimos años en que se ha incrementado la presión fiscal muy por encima de la media de la Unión Europea, restando capacidad inversora y en consecuencia competitividad futura de nuestras Empresas.
Como se puede constatar en el gráfico, a partir de ese punto, cualquier intento del gobierno para elevar los impuestos (tipo impositivo), se traducirá, paradójicamente, en un descenso de la cantidad recaudada. Nótese que para t3 la recaudación ha caído a R3.
Es decir, habrá un momento a partir del cual el tipo se considera tan alto, que los contribuyentes comenzarán a dejar de pagar impuestos –será más rentable el ocio o el fraude, que la inversión o el trabajo- hasta llegar a un punto (cuando la curva toca el eje de accisas) en el que, con un gravamen 100%, no se consigue nada.
Según Fedea, la presión fiscal en España ha aumentado en 2,90 puntos del PIB desde la pandemia, mientras que la media de la Unión Europea no ha variado prácticamente, y que la presión fiscal en España es mayor que la media de la UE y que en la zona euro utilizando la media aritmética (+1 y +0,4% de PIB respectivamente). El análisis de la diferencia por tipos de ingresos refleja que tres cuartas partes de la menor presión fiscal con la media de la zona euro está localizada en la cotización social del trabajador (-2,70 puntos de PIB).
A lo anteriormente expuesto, se suma, como ha reconocido el propio Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el exceso de burocracia y normativa que se viene generando, tanto a nivel nacional, como regional y local, conlleva, en muchos casos, exigencias distintas entre unos territorios y otros, rompiendo la unidad de mercado y añadiendo más incertidumbres y amenazas a la inversión.
El problema de la sobrerregulación, según indicaba el propio Ministro, afecta muy especialmente a sectores que en conjunto suponen el 36,00% de la economía española, a 1.930.000 empresas y 9.750.000 trabajadores.
Es un hecho que, la principal necesidad de la Empresa, es crear valor y generar riqueza, para el equipo humano que la conforma y los accionistas, y a través de los impuestos, para la Sociedad. Porque la generación de riqueza es consecuencia directa de la actividad productiva, y la empresa es el motor que crea riqueza y valor, y contribuye, con los recursos generados, decisivamente al desarrollo social y económico.
Es obligación del Gobierno crear el Marco adecuado para el emprendimiento y el desarrollo de la actividad productiva, y no condicionarlo, como viene ocurriendo con la burocracia, ante el exceso de normativas y disfunciones entre territorios, lo que conlleva a un mayor incremento de las dificultades y las cargas y costes para la empresa. Es necesario que el Estado, a través de sus Instituciones, incentive la actividad empresarial y productiva, única vía de generación de riqueza real y en consecuencia de trabajo y desarrollo.
La obligación de fomentar la iniciativa emprendedora desde la escuela, es responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como hacerlo realidad desde los primeros años, y singularmente en las Universidades y centros de Formación Profesional, como asignatura principal. A la vez que desarrollar políticas que incentiven el emprendimiento, desde la exención de impuestos en los primeros años, a la concesión de créditos (no subvenciones) a cero intereses, para la puesta en marcha del proyecto empresarial y hasta que este se haga realidad y lo devuelva nuevamente a la Sociedad.
