La protección de las personas en la crisis sanitaria mundial que estamos padeciendo como consecuencia del COVID-19 es la absoluta prioridad. Pero no podemos olvidar que del Estado de Alarma, el confinamiento y el cese de actividades se derivará un escenario económico totalmente nuevo.
Debemos actuar con la suficiente anticipación porque durante estas semanas ya se están viendo los efectos, en especial con la presentación de ERTEs por parte de las empresas, obligadas a ello para que el cese temporal de la actividad no se convierta en definitivo. Porque no podemos olvidar que el empresario no presenta esto por capricho sino por necesidad.
Es imperativo que las Administraciones, al tiempo que atienden la situación de emergencia sanitaria, no se olviden de las empresas, que son las que sustentan el empleo. Ayer mismo conocíamos los efectos devastadores de la actual situación en el mercado de trabajo regional, con casi 6.000 desempleados más y cerca de 2.000 cotizantes menos al cierre del mes de marzo. Nuestra región es la cuarta comunidad española que más empleo ha destruido y eso requiere de la adopción de medidas extraordinarias, muchas de ellas puestas sobre la mesa por esta confederación.
Las medidas que se han adoptado son insuficientes y algunas de ellas, erráticas. CROEM ha hablado de ello en comunicados anteriores, como lo han hecho también las confederaciones nacionales CEOE-CEPYME. La protección de la actividad empresarial es la única garantía posible para minimizar las consecuencias de la crisis en la economía; de hecho, el empresario es la base sobre la que deberá asentarse la recuperación en el más que probable contexto de recesión mundial al que estamos abocados.
El Gobierno central, el Gobierno regional y también las Administraciones locales tienen que estar a la altura de las circunstancias y escuchar las peticiones de los empresarios, no hacer caso omiso. Esta confederación lleva semanas lanzando propuestas y medidas que protejan a los empresarios y a los trabajadores y pasan por tres ejes básicos: aportar liquidez, mayor flexibilización o exoneración de tributos y subrayar, ahora más que nunca, la importancia de que antes de que se tomen decisiones, se hable con las organizaciones empresariales y sindicales; es decir, se respete el diálogo social, que tanto desarrollo y progreso ha propiciado en la historia de la democracia española.
En este sentido, las empresas, sobre todo las que desarrollan actividades esenciales, necesitan mayor apoyo en materia de flexibilidad laboral para llevar a cabo su imprescindible labor con todas las garantías y sin que no haya más preocupación que atender todas las necesidades básicas de la población.
CROEM hace a las Administraciones la misma demanda en este contexto tan difícil para todos. Un reconocimiento público a los empresarios y, sobre todo, un apoyo normativo que garantice no solo la supervivencia de las actividades esenciales sino también las de todas aquellas que han debido parar por culpa de la crisis sanitaria.
Tanto las unas como las otras están actuando con las responsabilidad exigible a cualquiera, pero que en el caso de los empresarios, con miles de trabajadores a su cargo, se hace aún más evidente. Es lo que toca ahora en este momento crítico.
Tiempo habrá cuando la normalidad se recupere para hacer balance, por muchas previsiones y avances que ahora se hagan, que se antojan prematuras. Lo que está claro es que habrá un impacto inmediato en la economía, aunque podría amortiguarse y, desde luego, no prolongarse tanto en el tiempo si se escuchan y se aplican las recetas empresariales.
